Un informe publicado por la ONG Espacio Público presenta un informe preliminar de los ataques, restricciones y violaciones a la libertad de expresión, medios de comunicación y periodistas en Venezuela.
A continuación parte del informe:
Informe preliminar
Las restricciones para buscar, recibir y difundir información en el marco de la libertad de expresión continúan siendo un patrón presente en el accionar gubernamental. La opacidad informativa en medio de la crisis humanitaria compleja constituyen un obstáculo más en un contexto en donde no están garantizados los derechos fundamentales.
En el 2022 se registraron 227 casos1, lo cual representa una disminución del 7% con respecto al número de casos registrados en el 2021, siendo el año con menos casos desde el 2013, cuando se registraron 220 situaciones. Esta disminución de casos podría estar vinculada al estancamiento de la agenda política y a la desmovilización de los partidos opositores al gobierno nacional, ya que en años anteriores existió una correspondencia entre la represión política y los altos índices de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela.
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Desde el mes de abril el registro de casos experimentó un ascenso progresivo, el cual alcanzó su punto más alto en los meses de septiembre (30) y octubre (46), principalmente, motivado por el cierre masivo de emisoras de radio en varios estados del país.
Se registraron 470 denuncias de violaciones a la libertad de expresión en el 2022. Esta cifra no representó una variación significativa con respecto a lo documentado el año anterior.
Las denuncias de censura2 ocuparon el primer lugar en el registro, sumando al menos 199 incidencias, lo cual equivale al 43% del total de violaciones. Principalmente estas violaciones se registraron mediante el cierre de emisoras de radio y durante apagones eléctricos o fallas del servicio de internet, lo cual limitó el acceso a la información por parte de la población, así como la labor de los medios de comunicación al momento de difundir informaciones.
Las restricciones administrativas3 (19%) hacia medios de comunicación y las intimidaciones4 (18%) a periodistas y demás trabajadores de la prensa durante el ejercicio de su labor fueron parte de las violaciones más frecuentes.
Cierre masivo de radios
Entre 2003 y 2022, se documentó el cierre de al menos 284 emisoras de radio a nivel nacional, lo cual equivale el 71% del total de medios de comunicación cerrados en dicho periodo. En el 2022 el Estado venezolano ordenó el cierre de al menos 80 emisoras a nivel nacional, lo que sitúa al 2022 como el año con más emisoras radiales cerradas en las últimas dos décadas.
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Estos cierres se ejecutaron por la Comisión Nacional de Telecomunicación (Conatel). Actuaron, en ocasiones, en compañía de cuerpos de seguridad. En la mayoría de los casos, los funcionarios alegaron que las estaciones radiales se encontraban operando de forma clandestina, al no tener su estatus legal apegado a la ley.
- En el estado Guárico, la emisora Éxitos 90.5 FM5 quedó fuera del aire luego de que un grupo de funcionarios de la Conatel y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) apagara y confiscara sus equipos el 29 de abril. El incidente, denunciado en Twitter por el Colegio Nacional de Periodistas. Leonardo González, director de Éxitos 90.5 FM, declaró que el cierre se debió a motivos políticos. “No es comercial, ni es empresarial, ni tiene que ver con la Ley de Telecomunicaciones, porque si hubiese sido así, estuviesen cerradas otras emisoras del país”, dijo González.
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- El 6 de septiembre la Conatel ordenó el cierre de nueve emisoras en las ciudades de Maracaibo y San Francisco, en el estado Zulia: Sensacional Stereo 88.5 FM, Zulia Mía 91.3 FM, KP 92.9 FM, Refugio 94.3 FM, Palabra 97.3 FM, High Class 98.1 FM, Destino 98.3 FM, Radiolandia 103.3 FM y Río Stereo 107.7 FM6 quedaron fuera del aire. Una fuente anónima aseguró que un representante de Conatel del estado Zulia llegó a las emisoras y les indicó que el cierre era una orden del ente del “ministro”. Esto sin ofrecer mayores detalles.
- Seis emisoras de Rubio, en el estado Táchira, cerraron por órdenes de Conatel el 13 de septiembre: Somos Radio 88.3 FM, Pontálida 92.5 FM, Angel 102.3 FM, Café 90.7 FM, La Nuestra 89.9 FM y una emisora cuya directiva pidió no revelar el nombre7. Posteriormente, el 3 de octubre, cesaron sus transmisiones las estaciones Radio Esperanza Viva 98.1 FM y Activación Estéreo 93.1 FM. Frank Quiñones, periodista, productor y locutor de una de las emisoras afectadas en Rubio dijo a Espacio Público que el 13 de septiembre las seis emisoras recibieron llamadas de Conatel, desde Caracas, y recibieron amenazas de confiscación de equipos si no los apagaban inmediatamente.
Fallas del servicio de internet
Las interrupciones del servicio de internet forman parte de las violaciones a la libertad de expresión más comunes registradas durante el 2022, sumando al menos 74 situaciones a nivel nacional. Estas fallas, derivadas de las precarias condiciones de las telecomunicaciones en Venezuela constituyen una violación indirecta al derecho y limitan el acceso a la información, principalmente en regiones rurales, donde la calidad de los servicios públicos es más crítica. Los principales victimarios en este caso, fueron la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
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- El Observatorio de Internet Ve Sin Filtro registró dos caídas múltiples de la red entre el 14 y el 20 de mayo en varios estados del país con fallas que llevaron a las operadoras Inter y Cantv a conectividades por debajo de sus valores normales8. El 17 de mayo, Ve Sin Filtro reportó que poco después de la medianoche hubo una caída crítica de conectividad del proveedor de internet privado Inter, que duró cerca de 50 minutos. La organización detectó que la conectividad cayó al 60%. El estado más afectado por la caída fue Yaracuy, que llegó a 69% de sus valores normales de conectividad, seguido por Lara (75%); Anzoátegui (84%) y Aragua (85%).
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- Al menos tres fallas masivas de internet se produjeron entre el 13 y el 17 de agosto en varias regiones del país9. Una de ellas afectó la conexión en 11 estados del centro y occidente del país desde la mañana del 13 de agosto. La falla afectó, principalmente, al estado Táchira, cuya conectividad cayó al 20% de sus valores normales. Posteriormente, el 16 de agosto hubo una caída de internet en los estados Monagas (41% de sus valores normales) y Bolívar (32%) que se prolongó durante al menos 11 horas. Durante la tarde del 17 de agosto se produjo una nueva caída a nivel nacional como consecuencia de un bajón eléctrico, que llevó los valores a 22% de su nivel normal. Estados como Cojedes, Guárico, Trujillo, Sucre, Barinas, Zulia, Falcón, Mérida, Distrito Capital, Táchira y Apure resultaron afectados por esta situación.
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- Un corte de fibra óptica de la operadora estatal de telecomunicaciones, Cantv, generó una caída en la conectividad a internet en los estados del oriente del país.Ve Sin Filtro reportó que la falla se produjo desde las 7:50 p. m. del lunes, 19 de diciembre. Al menos cuatro estados fueron afectados por el corte de fibra. El estado más afectado fue Bolívar, cuya conexión a internet cayó a 37% de sus valores normales, junto con Monagas, que bajó a 43%. Días después, Sucre (87%) y Anzoátegui (89%) también reportaron fallas en el oriente venezolano10.
Impedimentos de cobertura y libertad de expresión
La intimidación a trabajadores de la prensa por parte de funcionarios de seguridad o trabajadores públicos es una situación común durante la cobertura de hechos noticiosos. Durante el 2022 se registraron al menos 84 denuncias por este motivo, principalmente durante pautas periodísticas llevadas a cabo en centros de salud, protestas ciudadanas e instituciones del Estado.
- El 4 de enero un vigilante del Hospital Dr. Alfredo Van Grieken en Coro, estado Falcón, trató de impedir que la corresponsal de Venezolanos por la Información (VPITV) Marthy Barbera11, y su camarógrafo David Betancourt, registraran denuncias de los familiares de los pacientes en el centro médico. “Mientras estábamos grabando el vigilante comenzó a gritar que dejáramos de grabar, que no se podía hacer eso allí”, explicó Barbera en entrevista a Espacio Público.
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- El 9 de junio, un grupo de periodistas fueron intimidadas mientras reportaban desde el Hospital Central de San Cristóbal la situación de los pacientes. Las periodistas afectadas fueron Luz Dary Depablos y Anggy Polanco12 del medio de comunicación La Patilla, así como Zulma López de Punto de Corte. Los funcionarios de seguridad interna del hospital les tomaron fotos a los periodistas como método de intimidación.
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- Un funcionario de la GNB impidió que las periodistas Gregoria Díaz13, de Crónica.Uno, Carmen Pecorelli, de Unión Radio e IVC, y Laudelyn Sequera, de Victoria 103.9 FM, ingresaran a la localidad de Las Tejerías por una vía alterna para hacer cobertura informativa de los deslaves registrados durante los primeros días de octubre. Esta medida restrictiva fue implementada por los funcionarios de seguridad presentes en el lugar, en atención a las declaraciones emitidas días antes por autoridades del gobierno de Nicolás Maduro, quienes aseguraron que la prensa debía limitarse al momento de cubrir lo sucedido en el lugar.
Detenciones arbitrarias
Con relación a las detenciones por ejercer el derecho a la libertad de expresión, se registró un descenso del 49% con respecto al número de personas detenidas en 2021. En al menos 11 de estas detenciones se conoció de la aplicación de la inconstitucional “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, instrumento aprobado en el año 2017 por el gobierno de Nicolás Maduro que contraviene las exigencias mínimas de respeto a los Derechos Humanos14 y libertad de expresión.
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- El 18 de junio, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a Luis Colina15 (43 años) en el estado Apure por publicar un video en la red social TikTok en el que criticaba a funcionarios de ese organismo que estaban revisando a una mujer que iba por la calle, con un coche. De acuerdo con una minuta policial reseñada por el medio Efecto Cocuyo, Colina fue detenido acusado de utilizar “medios tecnológicos para promover el odio contra funcionarios del CPNB” que presuntamente brindaban “apoyo a una ciudadana en plena vía pública”. Al momento de esta publicación no pudo verificarse el estatus de Colina.
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- El 7 de junio, funcionarios de la Policía del municipio Chacao privaron de libertad a a Jholbert Godoy; Argelia Rovaina; Carlos Maneiro y Luis Martínez16, en la avenida Libertador de la ciudad de Caracas. Los jóvenes, activistas de Voluntad Popular, fueron detenidos por realizar un mural durante una actividad política, trasladados a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y acusados de instigación al odio. Fueron liberados tres días después.
La noche del 10 de enero fue asesinado, en su residencia, José Urbina17 a manos de grupos armados que operan en la zona fronteriza del estado Apure. Urbina era director de la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM y había advertido que recibió amenazas por denunciar la actuación de la GNB en los conflictos armados registrados en Puerto Páez, estado Apure. Al cumplirse un año de su muerte, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), organización política a la cual pertenecía Urbina, exigió justicia para su caso, ante la falta de respuestas por parte del Estado18
Puede leer el informe completo en Espacio Público
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