La activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, cumple este domingo cuatro meses detenida en estado de indefensión. Desde su arresto el pasado 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, sus abogados han intentado sin éxito ejercer su derecho a la defensa.
La ONG Defiende Venezuela ha denunciado que a San Miguel se le han violado cinco derechos fundamentales desde su detención:
- Derecho a la libertad y seguridad personal
- Derecho a un juicio justo
- Derecho a la libertad de expresión y opinión
- Derecho a no ser sometida a torturas o tratos crueles
- Derecho a la protección judicial.
Defiende Venezuela señala que el proceso judicial de San Miguel carece de transparencia y garantías procesales básicas. Además, las autoridades no han dado respuesta a los recursos interpuestos por sus abogados, lo que “pone en evidencia un sistema judicial parcializado y politizado”, según publicó Tal Cual.
Aislamiento, falta de asistencia médica y condiciones precarias
La ONG también recuerda que San Miguel fue sometida a aislamiento prolongado en el Sebin El Helicoide, no se le brindó asistencia médica adecuada y las condiciones de su detención violan las normas internacionales y podrían considerarse tratos crueles.
San Miguel, acusada por el Ministerio Público de un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra Nicolás Maduro, fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar con su hija.
A pesar de las acusaciones, la Fiscalía aún no ha presentado cargos formales contra San Miguel ni sus familiares, por lo que su proceso continúa en fase de investigación.
Llamado a la justicia
Defiende Venezuela y otras organizaciones de derechos humanos exigen la liberación inmediata de Rocío San Miguel y el resto de los detenidos en este caso. También instan a las autoridades a garantizar un juicio justo y transparente para todos los involucrados.
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