Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal en Carabobo, denunció irregularidades procesales en el Caso Paramacay. El abogado solicitó formalmente al Tribunal Supremo de Justicia que se aboque al caso para frenar los abusos judiciales. La defensa de los 23 sentenciados a 30 años de prisión evidencia un entramado que vulnera el debido proceso.
Durante la audiencia del 26 de agosto en la Sala 1 de Apelaciones de Valencia, los jueces fijaron un plazo de diez días para emitir pronunciamiento. Sin embargo, al vencer el lapso, una magistrada presentó un reposo médico que dejó al tribunal sin quórum.
Carlos Alberto Bonilla, presidente del Circuito Judicial Penal de Carabobo, rechazó juramentar a un juez suplente para destrabar el proceso. Además, las autoridades sustrajeron el expediente físico del despacho para reasignar el recurso de nulidad a la Sala 2, bajo el control directo del propio Bonilla. Betancourt calificó la maniobra de inconstitucional e ilegal, señalando que este tipo de arbitrariedades refleja la crisis del sistema de justicia venezolano.
Exigencia de garantías ante los órganos competentes
Familiares y activistas de derechos humanos protestaron frente al Palacio de Justicia para exigir respuestas concretas. Los manifestantes consignaron un documento que denuncia las constantes violaciones contra la salud y libertad de los implicados.
El Foro Penal presentó reclamos ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Inspectoría General de Tribunales sin recibir contestación. Los 23 procesados, entre ellos el capitán Juan Carlos Caguaripano, continúan a la espera de una nueva audiencia o de la intervención oportuna del TSJ.
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