El Observatorio Venezolano de Prisiones alerta sobre torturas, mala alimentación y falta de agua en el penal Rodeo IV.
El Observatorio Venezolano de Prisiones lanzó una voz de alarma sobre la crisis en el penal Rodeo IV del estado Miranda.
Diversos familiares denunciaron constantes agresiones físicas promovidas por la directiva del centro carcelario. Los custodios golpean a las personas privadas de libertad con tubos y bates de béisbol.
Varios internos sufren secuelas severas que les impiden caminar con normalidad. Los directivos mantienen a decenas de personas aisladas sin acceso a visitas familiares ni paquetes. Las familias sienten un profundo temor de acudir a los organismos públicos para exigir justicia. El hacinamiento agrava la situación en cada celda del recinto.
Las estructuras de cemento sirven como camas improvisedas para los detenidos. Cada familiar debe costear las colchonetas para sus seres queridos. La falta de espacio genera roces constantes entre los reclusos. La dirección impone castigos degradantes de forma recurrente y arbitraria.
Los afectados exigen medidas inmediatas ante el deterioro de la convivencia interna. Ninguna autoridad supervisa la conducta de los funcionarios a cargo.
La población penal sobrevive en un ambiente de constante amedrentamiento físico y psicológico. La impunidad reina dentro de las instalaciones penitenciarias.
Malnutrición e insalubridad amenazan la vida en el penal Rodeo IV
La alimentación diaria de los reclusos presenta deficiencias alarmantes y riesgos sanitarios. El penal carece de una cocina propia para preparar la comida. El traslado de alimentos desde recintos cercanos ocurre en carretillas sin protección.
Varias moscas y animales contaminan los platos durante la distribución. La dieta básica consiste en harina, arroz mal cocido y granos podridos. Las raciones resultan escasas para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos.
Los custodios decomisan con frecuencia los insumos enviados por los parientes. Muchos hogares venezolanos carecen de recursos económicos para costear traslados continuos. Las familias sufren el impacto financiero al comprar comida adicional.
El racionamiento extremo perjudica la salud general de la población penal. Los reclusos enfermos ingieren alimentos que agravan sus dolencias físicas. Ningún nutricionista supervisa la elaboración del menú diario. Las protestas internas por comida reciben respuestas violentas como castigo.
La escasez alimentaria genera desnutrición severa entre los internos más vulnerables. La ayuda familiar disminuye debido a la crisis económica nacional.
Emergencia sanitaria por la ausencia total de agua potable
El recinto penitenciario carece de servicio de agua por tuberías de forma permanente. El suministro depende únicamente de camiones cisterna que llegan esporádicamente. Los familiares llevan envases plásticos para almacenar el líquido en las celdas.
La falta de higiene propicia la proliferación masiva de chinches y plagas. Las autoridades prohíben el ingreso de productos químicos para fumigar los espacios. Varios reclusos presentan erupciones severas y brotes cutáneos en todo el cuerpo.
El recinto alberga casos confirmados de tuberculosis sin la debida atención médica. Las personas con patologías mentales no reciben fármacos ni tratamiento especializado. La insalubridad generalizada convierte al penal en un foco de infecciones.
Los custodios impiden la entrada de medicinas esenciales para enfermos crónicos. Las precarias condiciones sanitarias vulneran la dignidad de la población privada de libertad. La falta de aseo personal agrava el dolor de los enfermos.
El aire en los pabellones resulta irrespirable por la acumulación de desechos. Las autoridades penitenciarias ignoran los reclamos urgentes sobre la crisis biológica.
El OVP exige investigaciones inmediatas ante las violaciones constitucionales
El Observatorio Venezolano de Prisiones exige investigaciones profundas a los organismos competentes. La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía deben actuar contra la directiva del recinto.
El artículo 272 de la Constitución garantiza un sistema penitenciario con respeto humano. Sin embargo, las autoridades actuales transformaron dicho mandato en letra muerta.
Los familiares padecen abusos de un sistema penitenciario sumido en la corrupción. La falta de respuesta estatal perpetúa el sufrimiento de cientos de ciudadanos.
Diversas organizaciones exigen la verificación directa de la salud de los reclusos. La justicia venezolana debe restaurar de inmediato las garantías constitucionales violadas. Los organismos internacionales siguen de cerca el deterioro de las cárceles en Venezuela.
La impunidad oficial fomenta la repetición de tratos crueles e inhumanos. Las denuncias recabadas demuestran el colapso definitivo del modelo de reinserción social.
Las víctimas requieren atención médica urgente y suspensión inmediata de los agresores. El Estado mantiene la obligación legal de proteger la vida de los detenidos.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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