Los patriotas cooperantes son personas que colaboran con el gobierno de Venezuela para denunciar a los opositores políticos, a los manifestantes o a los medios de comunicación críticos.
Según el presidente Nicolás Maduro, estos patriotas cooperantes son “héroes anónimos” que ayudan a defender la revolución bolivariana y a combatir el “terrorismo” y la “guerra económica”.
Sin embargo, según organizaciones de derechos humanos, tales como: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha expresado su preocupación por el uso de los patriotas cooperantes para “perseguir, intimidar y criminalizar a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y políticos opositores”.
Human Rights Watch (HRW), ha denunciado que los patriotas cooperantes son parte de una “estrategia represiva” del gobierno venezolano para “silenciar y castigar a quienes disienten”, y Amnistía Internacional (AI), califica a los patriotas cooperantes como “agentes encubiertos” que “actúan al margen de la ley” y “ponen en riesgo la vida y la integridad física de miles de personas”.
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Los patriotas cooperantes son informantes que violan el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de protesta pacífica.
Además, los patriotas cooperantes pueden recibir beneficios económicos o sociales por su colaboración, lo que incentiva la delación y la división social.
Los patriotas cooperantes actúan en diferentes ámbitos, como las escuelas, las universidades, las empresas, las comunidades o las redes sociales.
Algunos ejemplos de su actuación son: grabar o fotografiar a los manifestantes y entregar las imágenes a las autoridades; infiltrarse en las marchas opositoras para generar violencia o sabotearlas; denunciar a los profesores o estudiantes que expresen opiniones contrarias al gobierno; acusar a los comerciantes o empresarios de acaparar productos o especular con los precios; crear cuentas falsas en las redes sociales para difundir propaganda oficialista o atacar a los disidentes.
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Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 57 prohíbe todas las formas de anonimato, por cuanto se busca garantizar la transparencia, la responsabilidad y la participación ciudadana en los asuntos públicos.
El anonimato puede ser utilizado para encubrir actos ilícitos, difamar, injuriar, amenazar o intimidar a personas o instituciones, o para evadir el cumplimiento de las leyes y las obligaciones tributarias.
Por eso, la constitución establece que toda persona tiene el deber de identificarse cuando ejerza sus derechos y deberes constitucionales, y que el Estado debe proteger la identidad y la privacidad de las personas frente a posibles abusos o violaciones de sus derechos humanos.
Así, la prohibición del anonimato busca fortalecer la democracia, el estado de derecho y el respeto a la dignidad humana en Venezuela.
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Por su parte, el Código Orgánico Procesal Penal establece que sólo tendrán valor los medios de pruebas si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de esa norma adjetiva penal (artículo 181).
Pero muy a pesar que la Constitución y la ley lo prohíbe, en Venezuela, el sistema judicial está al servicio del régimen autoritario que viola los derechos humanos de sus ciudadanos.
Bajo el pretexto de combatir el terrorismo, la disidencia y la conspiración, el gobierno utiliza a los llamados “patriotas cooperantes” para acusar falsamente a personas inocentes de delitos graves y enviarlas a cárceles inhumanas.
Estos colaboradores anónimos actúan con total impunidad y sin control judicial, y reciben beneficios económicos y políticos por su lealtad al régimen. Así, se crea un clima de miedo, intimidación y persecución que socava la democracia y la libertad en el país.
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Por su parte, el ministerio público en Venezuela ha demostrado una falta de profesionalismo y rigor en sus acusaciones, las cuales no se ajustan a los principios jurídicos ni a las evidencias de los casos, sólo le basta un informe de Contrainteligencia anónimo para producir una acusación.
Esta situación se agrava por la ausencia de un control judicial efectivo que garantice el respeto a los derechos de los imputados y el debido proceso. De esta manera, se viola el Estado de derecho y se favorece la impunidad y la arbitrariedad.
En Venezuela, la libertad de los ciudadanos está sujeta a la arbitrariedad del régimen, que utiliza a los llamados patriotas cooperantes para denunciar falsamente a cualquier opositor como conspirador.
Estas denuncias carecen de sustento legal y evidencia, pero son suficientes para que el aparato represivo detenga y encarcele a las víctimas sin garantizarles un debido proceso. Esta situación viola los derechos humanos y la democracia en el país.
Twitter: @joelgarcia69
Correo electrónico: Joel.garcia69@gmail.com
Joel García es Abogado, Especialista en Derecho Penal, Profesor Universitario, Defensor de los Derechos Humanos.
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