Ramsés Fuenmayor | Para un gobernante que haya actuado de buena fe

Partiré de la presunción de buena fe en esa intención. Ello significaría que, a pesar de darse cuenta de la ilegalidad de su acto, consideraron que había una razón superior, que, aunque no legal, era legítima.

Sólo a manera de preámbulo las siguientes palabras: El abominable principio según el cual “si no estás conmigo estás contra mí”, en buena parte de la jerga politiquera venezolana actual toma la forma de la siguiente dualidad igualmente desafortunada: Unos dicen “si no está conmigo estás con Maria Corina y contra mí”; y los otros dicen, “si no estás conmigo estás con Maduro y contra mí”.

En artículos de opinión anteriores publicados en aporrea.org, he explicado por qué considero que tanto la opción que representa el llamado madurismo como la de la oposición extrema representado por la Sra. Maria Corina Machado y su candidato Edmundo Gonzalez son opciones nefastas para el bien de nuestro país. Fin del preámbulo.

El 10 de enero de 2025 fue un triste día para Venezuela

Hasta ese día tuve la esperanza de que las instituciones gubernamentales del caso cumplieran, aunque tardíamente, con el reglamento electoral, de manera que publicaran de modo transparente los resultados electorales de la última elección presidencial, y permitiesen su verificación por parte de los otros candidatos y los partidos que los apoyaron.

Dicho sea de paso, a pesar de las destempladas acusaciones de la oposición, en anteriores elecciones a las presidenciales del 2024, en las que el chavismo ejercía el poder político, sí se cumplió ese reglamento electoral en lo que se refiere al escrutinio de los votos, publicación y verificación de resultados.

En todo caso, volviendo a lo que se consumó este pasado 10 de enero, mi esperanza fue una esperanza fallida: no se cumplió ese procedimiento reglamentario, y, de este modo, se violó el principio democrático de transparencia electoral.

Aunque no puedo probarlo de manera apodíctica sobre la base de la más estricta lógica, hasta ahora todo indica que la actual cúpula gubernamental, mediante una serie de subterfugios, desconoció el resultado de la elección presidencial.

De ser así, ello implica que, a partir de ese triste día, vivimos en Venezuela —ahora sí— bajo un gobierno de facto. En lo que sigue, sobre la base de esta interpretación, me pregunto:

Por qué la cúpula del actual Gobierno decidió violar el principio democrático supremo de la elección popular del Primer Magistrado de la República?

Algunos de los moderados “analistas políticos” dicen que la oposición extrema encabezada por María Corina Machado, con sus sistemáticas amenazas a los miembros de la cúpula gubernamental que llevarían a efecto cuando tomasen el poder, arrinconó a esta cúpula en una posición tal que decidieron efectuar un “autogolpe” (definido como la “violación de la legalidad vigente en un país por parte de quien está en el poder, para afianzarse en él” por el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la Real Academia).

Otros menos moderados ofrecen razones mucho más bajas dentro de la gama de los motivos humanos. Pero ambos diagnósticos, de unos y de otros, claramente se ubican dentro del nada pulcro “ejercicio de la política” (con “p” muy minúscula), el cual puede ser interesante para un examen sociológico de los comportamientos humanos, pero tiende ocultar el debate propio de los principios Políticos (ahora sí con “P” mayúscula).

En la primera parte de este escrito intentaré esquivar ese nivel del “ejercicio de la política” y trataré de pensar el asunto en un nivel vinculado con aquellos principios.

Partiré de la premisa de que los que efectuaron y apoyaron el autogolpe lo hicieron con la intención de evitar un mal mayor para nuestra sociedad venezolana y para la política internacional.

Es decir, partiré de la presunción de buena fe en esa intención. Ello significaría que, a pesar de darse cuenta de la ilegalidad de su acto, consideraron que había una razón superior, que, aunque no legal, era legítima.

No es descabellado pensar que, aun en el plano del “ejercicio de la política”, lo enunciado en mi premisa haya sido una de las razones para tomar la dramática decisión que tomaron.

Muy probablemente no fue la única razón, tal vez ni siquiera la más fuerte al colocarla en ese terreno de las emociones y de los intereses en el que los seres humanos nos movemos, pero posiblemente sí la que les sirvió de auto-justificación para la ruptura del orden democrático.

Dicho en otras palabras, pretendo discutir la legitimidad —que no la legalidad, porque ésta, bajo mi supuesto, ha sido violada— del autogolpe perpetrado por el mismo gobierno. Mi premisa bona fide sobre el mal mayor que quisieron evitar se puede exponer del siguiente modo:

Desde el punto de mira de la cúpula gubernamental, María Corina Machado, y, en consecuencia, su candidato Edmundo Gonzáles, son representantes de la ultra-derecha mundial.

No sólo sus ideas políticas sino sus adhesiones a las facciones más extremistas en Latinoamérica y en el resto del mundo lo ponen claramente de manifiesto. Llegan al extremo de apoyar, por lo menos implícitamente, el genocidio que el gobierno de Israel está cometiendo contra los pueblos palestinos y libaneses.

Cualquiera que así lo piense tendría que suponer que si la Sra. Machado y sus seguidores llegasen al poder, no sólo entregarían con gusto parte de nuestra soberanía y algunos bienes públicos al imperio que constituye el gobierno de los Estados Unidos, sino que se convertiría en un peso a favor de esa fuerza imperial en la balanza internacional, especialmente en la latinoamericana.

De hecho, sería un ariete contra los moderados gobiernos de centro-izquierda de Colombia, Brasil y México, y, con mayor razón, contra los menos “céntricos” de Cuba, Bolivia y Nicaragua. Además, sería un nuevo caballo de Troya, junto con el gobierno de Argentina, dentro de toda Latinoamérica. Debo advertir que, en buena medida, comparto esta visión del estatus político de la Sra. Machado y del grupo que representa.

Ante este sombrío panorama y con un resultado electoral que todo parece indicar que favoreció al candidato de la Sra. Machado, los dirigentes del Gobierno de Nicolas Maduro decidieron ejecutar su autogolpe. Imagino que considerarían que se trató de una acción equivalente a la emprendida por el ex-presidente Chávez en su primera intervención armada —en lo cual, espero demostrar, estarían equivocados.

Supongamos pues, bona fide, que ésta fue la razón de la trampa realizada con respecto al resultado electoral.

A continuación examinaré la legitimidad de su autogolpe

Imaginemos esa prueba de legitimidad como la medición en una balanza de dos platos. En un plato se encuentra la razón bona fide antes mencionada del golpe de estado. En el otro, el respeto al juego democrático vinculado con la elección presidencial.

Para la “plana mayor” del Gobierno que hoy termina, la balanza se inclinó hacia el primer plato. ¿Fue legítima esa inclinación?

Lo primero que debemos notar es que la metáfora de la balanza es defectuosa para el asunto que estamos examinando por una sencilla razón: la balanza simplemente mide pesos, se fundamenta en exactamente el mismo criterio de medida cuantitativo con respecto a lo que se coloca en cada plato, y, por tanto, en “su decisión” de inclinarse hacia uno o hacia el otro lado.

¿Cuál sería, en nuestro caso, ese criterio de medida para decidir si es legítimo ese golpe de estado en contra de las reglas del juego democrático?

Dicho de otro modo, ¿bajo cuál criterio adjudicarle mayor peso a la razón bona fide del Gobierno o al respeto de las reglas a las cuales debían estar sometidos de acuerdo con los principios electorales legales?

Pienso que no hay tal cosa como un sólo y simple criterio de medida. Es decir que el juicio sobre la legitimidad de la decisión gubernamental enfrenta, de antemano, una cierta inconmensurabilidad con respecto a sus posibilidades. Pero esto no quiere decir que no se pueda considerar y discutir. Para ello, creo necesario poner de manifiesto una condición (y antecedente) que veo difícil negar:

El Gobierno actual se constituyó como resultado de un acto electoral y mediante el juramento del cumplimiento de la Constitución que legaliza dicho acto. Es decir, el Presidente de la República y su cúpula gubernamental, así como la Asamblea Nacional que mayoritariamente lo apoya, acordaron y juraron seguir las reglas de un “juego” democrático descrito en esa Constitución, sus leyes y reglamentos.

El autogolpe que hoy tiene lugar significa una dramática ruptura de las reglas de ese juego, una violación de su juramento, una total pérdida de la legalidad que le confiere su poder, y, finalmente, pero no menos importante, una mentira porque sostienen que están renovando su mandato mediante el resultado electoral.

Es posible que entre los miembros de esa plana mayor gubernamental se haya considerado que su acción está respaldada por el principio que anima el Artículo 350 de la Constitución vigente según el cual, “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

Sin embargo, obviamente este Artículo se refieren los ciudadanos gobernados por un cierto régimen de turno; no se refiere a los gobernantes, quienes lo son porque se comprometieron, bajo juramento, a ejercer su poder en el dominio definido por unas reglas de un juego que les permitió ser lo que fueron hasta el mencionado 10 de enero.

Por esta razón, si los gobernantes, como Nicolas Maduro y el resto de los altos funcionarios de su Gobierno, consideran que su propio gobierno es un régimen que “que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos” (Art. 350), simplemente debe renunciar.

Como gobernantes se han comprometido a respetar el procedimiento electoral legal mediante el cual adquirieron el poder que están usando ahora, precisamente, para violar ese mismo procedimiento electoral. Ese no es el caso de los gobernados a los que se refiere el Artículo 350 de la Constitución de 1999, o, implícitamente, el Artículo 250 de la Constitución de 1965.

En este orden de ideas, podría decirse que, si se aceptase la suposición bona fide que pretende legitimar la trampa electoral realizada por los gobernantes durante la última elección presidencial, estos gobernantes deberían haber esperado el cese de sus funciones para convertirse en gobernados, de manera tal que puedan actuar bajo el espíritu del mencionado Artículo 350.

Sólo como paréntesis, nótese que, a diferencia de estos gobernantes que decidieron un autogolpe, el Hugo Chávez del año 1992 intentó, en su condición de gobernado, un golpe de estado, no un autogolpe con la connotación que éste tiene y que ya hemos enunciado.

De hecho, una vez que Hugo Chávez fue presidente electo mediante sufragio popular, es decir que se constituyó legal y legítimamente como gobernante, respetó las reglas de ese principio electoral en las múltiples elecciones que tuvieron lugar durante su mandato.

Es decir, respetó el acuerdo social que lo constituyó como Presidente y que debía definir sus acciones como tal. Finalmente, y esto es importante para mi argumento, Chávez, cuando intentó su golpe de estado, no mintió con respecto a sus intenciones y al resultado de éstas. Los gobernantes actuales sí han mentido.

Cierro el paréntesis y vuelvo a mi argumento principal para resumirlo. Nicolás Maduro y los altos funcionarios de su Gobierno, se constituyeron como gobernantes en su condición de “jugadores” de un “juego”. Sus “jugadas” deben ser las permitidas por ese “juego” mediante el cual son lo que son y del cual derivan su poder. El dominio en el que actúan es el de gobernantes.

Para ilustrar lo que quiero decir, imagine un juego de ajedrez en ejecución. Los dos jugadores se constituyen como tales sobre la base de las reglas del juego. El dominio que rige su actuación es el del juego de ajedrez. Si uno de ellos decide patear la mesa y tirar al suelo el tablero junto con sus piezas, dejó de ser el jugador que era y ahora es otra cosa.

No sólo ya no está jugando sino que su condición de ser es otra. El gobierno de Nicolás Maduro, para expresarlo en términos metafóricos, “pateó la mesa” y dejó de ser el jugador que era, pero, además pretende, mediante el engaño, hacer creer que sigue siendo jugador. Con ello su poder ya no deviene de la voluntad popular sino de una fuerza de facto apoyada por las que, hasta el pasado 10 de enero, fueron las fuerzas del orden público constitucional y que ahora son fuerzas de un orden dictatorial.

Quisiera aclarar que lo dicho con respecto a la legitimidad no sólo obedece a principios Políticos, obedece a un modo de entender la condición de ser del ser humano.

Explico: La frase “el ser humano es un ser social” es un lugar común. Sin embargo, creo que las interpretaciones ligeras de esta frase se sostienen en un contexto que le resta su esencialidad, su condición ontológica.

Generalmente se entiende que dicha frase quiere decir que el ser humano vive de manera gregaria en constante relación con otros seres humanos. Por el contrario, ya desde el comienzo del Siglo XX ha sido cada vez más aceptada otra interpretación, tanto en el dominio de la filosofía como en el de algunas ciencias:

El ser humano no es esencialmente social porque viva en sociedad e interactúe con otros seres humanos. Es esencialmente un ser social porque su condición de ser se deriva de la relación social.

Cada uno de nosotros está siendo, en cada momento, el resultado de un continuo proceso de construcción que se deriva de la relación socio- lingüística con los otros. Y, gracias a que nuestra condición de ser es ésa podemos mantener relaciones sociales en cada momento de nuestras vidas.

Ahora bien, el carácter estructural de esa relación socio-lingüística de la que devenimos en cada instante es el de un sistema de “juegos” de los cuales somos jugadores. Buena parte de esos juegos (como los llamados “juegos de lenguaje” después de Wittgenstein) están caracterizados por reglas que, en su mayoría, son implícitas.

Pero hay otros, como los referentes al orden socio-político que estamos tratando en este texto, que presentan un importante número de reglas explícitas. De un modo u otro, nuestra condición de ser es la de jugadores de diferentes juegos, dependiendo de cada situación vivencial; y nuestras acciones son jugadas del juego que en cada caso rige esas acciones.

La ruptura, el “patear la mesa”, de las reglas de juegos que de manera fundamental definen nuestro ser, constituye no sólo un acto profundamente alienante para quien así lo haga, sino también para todo su entorno social. Y el entorno social de los gobernantes de un país es toda la sociedad de ese país.

En conclusión, aun bajo la premisa bona fide que anima este escrito, la trampa cometida por los altos funcionarios del gobierno venezolano en funciones hasta el pasado 10 de enero no sólo es ilegal sino también ilegítima.

Pero aquí no termina el problema que estoy abordando, porque no puedo dejar de preguntarme lo siguiente: ¿Tiene mi argumento la fuerza lógico-argumental para demostrar mi conclusión y convencer a un imaginario miembro del Gobierno de Maduro que haya apoyado el autogolpe por la única razón de evitar un mal mayor, y que, además, proceda con absoluta honestidad en la discusión?

Creo que no necesariamente, si la discusión se mantiene en el nivel de principios Políticos como lo he venido haciendo. Y la razón de esta duda ya la había anunciado: no encuentro un criterio de medida único para la decisión entre las dos opciones. Entonces, ¿cómo resolver el dilema?

Una opción sería, sin abandonar el nivel de los principios Políticos, incorporar ciertos aspectos fácticos (no meramente especulativos como acostumbra la oposición extrema) sobre el papel del gobierno actual en el deterioro institucional y en el de la la economía, e intentar comparar el posible daño que le causaría al país un gobierno de la Sra. Machado y su grupo versus el causado por el actual gobierno.

Volviendo a la metáfora de la balanza, en esta comparación tendríamos un criterio de medida cualitativamente similar, aunque no igual. Es claro que el gobierno del Presidente Maduro no sólo ha fracasado rotundamente con respecto a su supuesto

ideal socialista, sino que ha sido un gobierno muy ineficiente y corrupto. Con respecto a la ineficiencia basta con observar el actual estado de las instituciones públicas de educación y de salud, y el sistema de justicia —principales baluartes de un gobierno que se diga de izquierda.

Con respecto a la corrupción se puede fácilmente constatar tomando en cuenta el número de altos funcionarios gubernamentales que el mismo Gobierno ha procesado o denunciado por sus actos de corrupción.

Además, es obvia la corrupción a nivel de funcionarios de más bajo nivel en la jerarquía gubernamental: esos funcionarios con los cuales los ciudadanos tienen que lidiar cotidianamente.

Obviamente, las sanciones imperiales han jugado un importante papel en todo este deterioro, pero también obviamente no constituyen la única razón para el mismo. La pregunta es entonces:

¿sería mucho peor para el país un gobierno de extrema derecha, aliado a la extrema derecha internacional, que el actual Gobierno? Probablemente sí, por lo menos así lo pensarán los defensores de la tesis sobre el mal mayor.

Yo les preguntaría, y dejaría la pregunta en el aire, ¿sería mucho peor para el bien presente y futuro de la población?

Hasta este punto he acudido a mi derecho, y, en cierta forma a mi deber, de de hacer lo que Kant llamaba “uso público de la razón” para denunciar el autogolpe que hoy sufrimos los venezolanos (tal como lo hice cuando se efectuó el golpe de estado contra el gobierno del presidente Hugo Chávez en el 2002) y para argumentar sobre la gravedad de dicha acción. Mis argumentos convencerán a unos y a otros no. Aparentemente, hasta allí puedo llegar.

Sin embargo, creo que el dilema sí tiene solución final y tajante; pero ésta no se da en la discusión de principios, los cuales, no obstante sirven para alumbrar y legitimar el ámbito de la solución.

La solución se da en la acción

Pero no se piense que estoy invocando un golpe de estado amparado por el Artículo 350 de la Constitución. No, por el contrario, me refiero a una solución pacífica, y la mejor que se me ocurre para disolver el problema presentado por los dos principios Políticos en conflicto aquí discutidos.

La solución es la de llevar a cabo la siguiente propuesta, la cual debe ser aceptada tanto por los imaginarios gobernantes que procedieron bona fide de la manera antes descrita para efectuar su autogolpe como por la oposición extrema.

El mayor mal para los gobernantes (bajo la suposición de la tesis bona fide) es dejarle el gobierno a un grupo de extrema derecha como el que representa la Sra. Machado. El mayor mal para toda la oposición, extrema y no extrema, es la continuación de un gobierno de facto derivado de un autogolpe.

Hay un modo de resolver ambos problemas de una manera pacifica:

Tomarle la palabra al Presidente Petro de Colombia, y, en su momento, al representante del Presidente Lula: Señores del gobierno actual, llamen a una nueva elección presidencial bajo la explicación de que las anteriores elecciones fueron irregulares debido al bloqueo económico y al ataque cibernético del que fue objeto el CNE.

Habiliten políticamente a todos los posibles candidatos inhabilitados, en particular a M.C. Machado y a Capriles, quienes probablemente competirán entre sí. Participen como partido PSUV en las elecciones, pero apoyen a uno de los candidatos de la oposición moderada que haya mostrado sensatez y un correcto proceder legal al objetar el resultado electoral anunciado por el Gobierno.

A mi modo de ver, ese candidato sería, en primer lugar, Enrique Márquez, seguido por Ecarri y Claudio Fermín. Bajo estas condiciones, lo más probable es que la elección la gane ese candidato moderado. Debe haber una negociación previa con las oposiciones y con el gobierno de USA; en el caso de este último para que elimine sus dañinas sanciones para la población venezolana; y, en el caso de ambos, para no vengarse de los gobernantes actuales.

De este modo, los gobernantes actuales “pagarían su culpa” en el autogolpe renunciando a su actual poder —mejor dicho: ejerciendo ese poder de la manera correcta; y pasarían, de este modo, a constituir una oposición legal que tendría la oportunidad de gobernar de nuevo más adelante.

Dejarían el gobierno en manos de un grupo político que, todo parece indicar, no vulneraría nuestra soberanía como lo haría el grupo de extrema derecha. Desde el punto de mira del grupo de extrema derecha, deben tomar en cuenta que la probabilidad de terminar de otro modo el gobierno de Maduro es muy baja, y que los intentos que siempre tienen en mente (invasiones, sanciones impuestas por el imperio, o levantamientos de parte de las fuerzas armadas) son y/o serían muy dañinos para la población venezolana. En cambio, del modo propuesto se terminaría un gobierno derivado de un autogolpe, lo cual representa su mayor problema.

Para terminar, pregunto:

¿No sería razonable que un gobernante del actual gobierno venezolano que haya actuado de buena fe aceptara una propuesta como la aquí esbozada?

Ramsés Fuenmayor es profesor Jubilado de la Universidad de Los Andes (ULA).

Punto de Corte no se hace responsable de las opiniones emitidas por el autor de este artículo

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