La Fiscalía Federal de Lomas de Zamora y la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación, respaldan el decomiso del avión iraní-venezolano solicitado por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia de los Estados Unidos. Solo falta la decisión del juez federal de Lomas de Zamora para completar el proceso.
El gobierno de Javier Milei envió la solicitud de Estados Unidos. Que fue bloqueada durante meses por Juan Martín Mena, exviceministro de Justicia y vinculado a Cristina Kirchner por su relación con el Gobierno de Nicolás Maduro.
La aeronave está actualmente retenida e incautada como parte de una investigación llevada a cabo por el juez federal de Lomas de Zamora.
La detención del avión, que violó leyes estadounidenses, generó un conflicto diplomático con el gobierno chavista y el régimen de Irán.
En octubre de 2022 y mayo de 2023, la justicia estadounidense solicitó asistencia jurídica internacional para el decomiso del avión “Boeing 747-300 con número de matrícula YV-353”.
Dichas solicitudes fueron remitidas por el Ministro de Justicia de la Nación en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre Argentina y Estados Unidos.
En su dictamen, los representantes del Ministerio Público Fiscal explicaron que el pedido de asistencia jurídica cumple con los requisitos legales del tratado. Y que no hay motivos para denegarlo.
Se enfatizó que este proceso de cooperación internacional no permite cuestionamientos sobre el fondo del asunto. Los cuales deben presentarse ante la autoridad judicial competente en el país requirente.
Los pedidos de asistencia fueron presentados junto con una orden de decomiso final emitida. Por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Detallando las leyes estadounidenses infringidas.
El Ministerio Público Fiscal considera crucial cumplir con el compromiso asumido por el Estado Argentino al suscribir el tratado. Evitando así la posible responsabilidad internacional de la República Argentina. Por incumplimiento de deberes de cooperación y asistencia jurídica internacionales en materia penal.
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