Caracas 8 de septiembre de 2021. Una migrante venezolana ha vivido un verdadero calvario desde que ingresó a Aruba en 2017, utilizando una visa para turistas, y ha permanecido en ese territorio de manera ininterrumpida.
Ahora, el tribunal de primera instancia de Aruba declaró sin lugar un recurso contencioso administrativo formulado por la mujer, a la que el gobierno le había prohibido trabajar en la isla, como fase previa a su deportación.
En enero de este año, el Ministerio de Justicia, Seguridad e Integración ordenó su deportación a Venezuela. Esta decisión fue complementada el 29 de marzo, con una prohibición de llevar a cabo cualquier trabajo en esa isla.
Ante la inminente expulsión de la isla, la mujer solicitó asilo en el mes de mayo. En junio, la recurrente inició el proceso legal contra esta decisión, acompañada por el abogado y excandidato del Partido Patriótico de Aruba, Malcolm Hassell. Invocó una disposición legal que le permitía suspender los efectos de la orden de expulsión, con el argumento de que tal medida ocasionaría una “desventaja desproporcionada” para la persona afectada.
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Según el juez Marius de Werd, el recurso de la demandante fue rechazado por un tecnicismo: la solicitud de suspensión de la medida gubernamental fue hecha el 24 de junio, es decir, fuera del plazo de seis semanas establecido por la legislación de la isla. Por otra parte, el letrado consideró que la venezolana no dio razones suficientes que permitieran considerar su recurso de manera excepcional, a pesar de ser extemporáneo, en información que reseña el portal Crónicas del Caribe.
“No se puede concluir que en este caso existan circunstancias especiales que impliquen que el plazo inexcusable para presentar un aviso de objeción no se puede cumplir”, indicó.
Asilo ante “nuevas realidades”
Aunque la sentencia desfavorece la posición de la emigrante venezolana, durante la audiencia en el tribunal quedó claro que todavía falta por dirimir el tema del asilo.
Según la gerente de Documentación de Amnistía Internacional en Venezuela, Vivian Díaz, debido al empeoramiento de la crisis humanitaria en el país, “la gente seguirá buscando condiciones de protección” en otros países.
“Han cambiado las realidades. Las razones por las que se huye (del país) no solo son políticas. Salen huyendo de la violencia generalizada y el deterioro de la calidad de vida”, explica.
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Indica que la organización internacional está en la fase final de un trabajo sobre el tratamiento dado a los emigrantes venezolanos en Curazao, una antilla que también se ha visto impactada por el flujo de venezolanos, aún durante los meses de pandemia por el COVID-19.
Según la ONG, en estas islas las autoridades aplican una estrategia de “remoción activa”, que empieza con la intensificación de la vigilancia en la frontera marítima con Venezuela, y continúa con la detección y deportación de las personas que permanecen allí sin permiso de residencia.
“Los venezolanos seguirán emigrando y exponiéndose a una situación de vulnerabilidad. El contexto legal de deportación se mantiene”, concluye.
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