Eduardo Torres es abogado de los seis trabajadores presos por “terrorismo” y defensor de los Derechos Humanos. Entrevistado por Vanessa Davies en Punto de Partida, afirmó sobre el caso de los seis trabajdores presos: Gabriel Blanco, Nestor Astudillo, Reinaldo Cortés, Alonso Melendez, Alcides Bracho y Emilio Negrín, que el juicio está en proceso y que solo falta por declarar un “patriota cooperante” que los acusa de conspiración y que no aparece aún.
En este sentido afirma Torres que el juicio debe terminar así este patriota cooperante, que hasta ahora no aparece, -no aparezca-.
Hasta ahora las única pruebas contra los trabajadores son testimonios de policias que no han aportado nada al hecho.
Para el abogado, ellos son presos de Nicolás Maduro, ya que incluso los jueces reconocen que reciben “ordenes de arriba”.
Para Eduardo, hay que agotar todas las instancias nacionales y seguir presionando internacionalmente.
“Ellos estan presos en medio de una arremetida del gobierno contra los trabajadores desde hace un año, atacado la libertad de los dirigentes y por otro lado robándoles las prestaciones y el salario, vulnerando los DDHH de los trabajdores”.
Sobre el caso de Johana González
Hoy se dirigieron a la Defensoría del Pueblo en la Av. Urdaneta también por el caso de la trabjadora de PDVSA Johana González.
González tenía una boleta de eexcarcelación desde hace un año, librada por el juez Cesar Espinoza desde el 29 de abril de 2022, y sigue presa en el INOF. “Las leyes expresamente dicen que nadie puede permanecer detenida si se libra una boleta de excarcelación”.
Esta orden no solo no se ejecutó, lo que es un delito del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, sino que pasó un año y en lugar de imponer la ley, el juez se retracta. La justificación que no se le notificó la Procuraduría en su momento.
Ella fue juzganda por Mascimo Márquez, hoy preso por corrupción.
Solo los trabajadores podrán liberar a los trabajadores presos
Para el abogado, “solo la presión social necesaria de los trabajadores unidos puede liberarlos”. Por ello le piden a la Defensoría que habra una investigación y no se conviertan en cómplices.
“La encarcelación ilegal de los trabajadores es un delito de lesa humanidad”, concluye.
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