Dirigente sindical Pedro Eusse secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela (CUTV) expresó que la mayoría de los trabajadores no denuncian “porque tienen miedo” de ser objetos de criminalización y ser llevados a la cárcel.
Organizaciones en defensa de los trabajadores acudieron al Ministerio de Trabajo, para consignar un documento suscrito por la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela (CUTV), el Frente Nacional de Luchas de la Clase Trabajadora (FNLCT), Sindicato de trabajadores de la UCV y el Movimiento Coalición Sindical que agrupa a distintos sectores de trabajadores.
Con la intención de plantear al nuevo ministro de trabajo, Eduardo Piñate, “las series de situaciones de persecución que se producen en los centros de trabajo, sobre todo en el sector público”.
Indicó que el escrito habla de la vulnerabilidad del sector público donde se produce “acoso laboral, despido, renuncias forzadas, jubilaciones forzadas e ilegales, así como detenciones de trabajadores” enfatizó que, “en algunas empresas privadas también, tuteladas por el gobierno” sucede lo mismo.
Pedro Usse, aseguró que la causa “es de naturaleza política” “se está persiguiendo a los trabajadores que tienen una posición crítica frente al gobierno” y que no votaron por la reelección del presidente, puesto que se identificaron con una candidatura diferente a Nicolas Maduro.
Esto se desarrolla en PDVSA, Corpoelec, empresas básicas de Guayana, Metro de Caracas, gobernaciones, alcaldías u otras instituciones, como también organismos de seguridad del estado, recalcó el sindicalista a través del programa Agenda Común para Punto De Corte conducido por Vanessa Davies y José Gregorio Yépez.
Tras el registro de 2000 detenidos anunciados por el presidente, un porcentaje muy alto son trabajadores. Según Pedro Eusse, se estima que de esa cifra el 70% son personas que laboran en instituciones públicas.
Aterrorizan a los trabajadores
El sindicalista comentó “esa razia de detenciones masivas, se produjeron en los barrios populares” deteniendo así a muchas personas trabajadoras. Se refirió también a la actuación sistemática por parte de directores y gerentes de empresas del estado, que ubican a trabajadores que tienen una posición distinta al gobierno.
¿De qué manera?, le revisan los celulares con el uso de la fuerza pública, el DGCIM, el SEBIN y hasta la GNB, y organismos de seguridad interna de las empresas
“Como el caso de PDVSA en la refinería El Palito, otras refinerías del oriente del país revisan los teléfonos. Forzando a los trabajadores a entregar los celulares y si encuentran algo ahí que los identifica con alguna opción política distinta al PSUV, entonces son objetos de presión para que firmen renuncias con la amenaza de llevarlos presos” esta situación se conoce por trabajadores directamente afectados, afirmó Pedro Usse.
Denunció que las inspectorías del trabajo no están atendiendo estos casos, “no procesan” Eusse, argumenta se trata de una línea implementada por el Estado “quienes han renunciado se han tenido que ir del país” los procuradores dicen “eso es un problema político, no pueden hacer nada” como pasó en el sector Salud, en el estado Yaracuy.
Se está violentando normas constitucionales como dicta el artículo 89 de la Constitución:
El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras.
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