En Venezuela, a inicios de 2015, mientras los ciudadanos enfrentaban colas interminables para adquirir productos básicos escasos, dos altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y sus intermediarios disfrutaban de vacaciones de lujo por más de 1.1 millones de dólares en la isla de San Bartolomé. Esta desigualdad se financió con una red de sobornos relacionada con la empresa Telefónica Movistar, que según el acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU., ha admitido haber pagado cerca de 85,26 millones de dólares en multas por estos actos de corrupción.
Los documentos judiciales revelan que Telefónica Venezolana participó en una subasta de divisas en 2014, dirigida al sector de telecomunicaciones, donde la empresa aseguró 115 millones de dólares para la compra de equipos. Para obtener este beneficio, Telefónica recurrió a una práctica corrupta: pagó comisiones del 25% (unos 28,87 millones de dólares) a funcionarios del gobierno a través de dos proveedores que inflaron los precios de los equipos. Estas comisiones se canalizaron a través de una empresa fantasma en Panamá, disfrazadas de consultoría, y pasaron por cuentas bancarias en Nueva York, lo que permitió a las autoridades estadounidenses detectar la trama.
El intermediario principal y uno de los altos cargos del gobierno no solo se dieron el gusto de unas vacaciones costosas, sino que también gastaron 605.000 dólares en relojes de lujo y joyas durante su estancia en San Bartolomé. Todo esto ocurrió mientras Venezuela atravesaba una de las peores crisis económicas de su historia, con una inflación desbocada y una severa escasez de productos básicos.
Sanciones del Departamento de Justicia a Telefónica Movistar
El acuerdo con el Departamento de Justicia no solo implica una multa millonaria, sino también una supervisión de tres años sobre las operaciones de la empresa, incluyendo fusiones, adquisiciones y su política de retribuciones. Telefónica se ve obligada a asegurar que cualquier comprador o sucesor en negocios importantes acepte estas condiciones de vigilancia, bajo pena de anular la transacción.
Además, la empresa deberá implementar mecanismos para incentivar el cumplimiento de su código de conducta anticorrupción, lo cual afectará su estructura de bonificaciones y retribución. Este caso no solo destapa la corrupción en los niveles más altos del gobierno venezolano sino que también subraya la implicación de empresas internacionales en prácticas cuestionables para asegurar beneficios en mercados problemáticos.
Con información de El País de España
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