Me pregunto qué pasa por la mente de un funcionario de Conatel al ejecutar un bloqueo. ¿Siente algún remordimiento? ¿O se refugia en el gastado “solo cumplo órdenes”, tal como hacían los burócratas del Tercer Reich? La comparación es cruda, pero inevitable: la censura en Venezuela es una herencia que se niega a morir.
Han pasado ya cuatro meses desde la salida de Nicolás Maduro. Estamos en plena transición, esa etapa que prometía recuperación y reencuentro. Sin embargo, la realidad digital cuenta otra historia: más de 60 medios independientes siguen en la sombra. Según registros de VE Sin Filtro e IPYS Venezuela, persisten bloqueos sobre unos 206 dominios, de los cuales más de 40 son portales informativos vitales para el país.
Estos bloqueos no son errores técnicos. Son ataques de precisión. La censura opera en capas: comienza en los servidores de Cantv-Movilnet y se extiende, por orden estatal, a las operadoras privadas. Es una política coordinada que tiene a Conatel como su brazo ejecutor.
La excusa del deber no borra el delito
La historia juzgará con dureza a quienes mantienen esta mordaza. Decir “solo cumplo órdenes” nunca ha sido una excusa válida para violar derechos fundamentales. El artículo 57 de nuestra Constitución es tajante: todos tenemos derecho a la libre expresión y a recibir información sin censura previa.
Bloquear un medio no es un trámite administrativo; es un delito contra el derecho a la información de cada venezolano. Esta práctica choca de frente con el discurso de “reencuentro y convivencia” que promueve la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. No se puede pedir reconciliación mientras se silencia a una parte de la sociedad. Es como invitar a alguien a dialogar, pero exigirle que lo haga con una mordaza puesta.
Un doble estándar insultante
El contraste es indignante. Mientras los medios independientes permanecen bloqueados, los altavoces del Estado y sus aliados operan con total impunidad. Resulta insólito que el embajador de Irán pueda difundir narrativas incendiarias en nuestro territorio, alineadas más con la visión de los ayatolás que con el equilibrio que requiere nuestra reconstrucción.
Al mismo tiempo, quienes informan con rigor o defienden la reconstrucción con apoyo internacional siguen censurados. Este doble estándar carcome la credibilidad de la transición.
El costo de la censura
El resultado es predecible. A mediados de enero, las encuestas mostraban un alto apoyo inicial a Trump y a la salida de Maduro. Pero sin voces que apoyen sinceramente la Transición, esa aprobación ha caído de forma alarmante. Cuando los venezolanos no pueden acceder a información plural, la sensación es que “seguimos secuestrados”.
La libertad de expresión no puede seguir siendo una deuda pendiente.
El momento de actuar es ahora
Señora presidenta Delcy Rodríguez: eliminar los bloqueos a la prensa libre no cuesta dinero. Es una medida sencilla y de alto impacto que solo requiere una instrucción clara hacia Conatel. Restablecer el acceso a la información sería un gesto real de reconciliación. La convivencia no se decreta con discursos; se demuestra con hechos.
Si el gobierno interino no levanta estos vetos en las próximas semanas, la sociedad civil y la comunidad internacional —incluyendo a la administración de Donald Trump y los líderes del Congreso estadounidense— elevarán inevitablemente el costo político de esta omisión.
Los venezolanos ya no estamos dispuestos a vivir en el silencio. Informar no es un delito; el verdadero delito es privar al país de su libertad. Señora Presidenta, deje que los ciudadanos nos expresemos. El reloj de la transición está corriendo y el país espera una respuesta.
- Saverio Vivas es un activista político y social venezolano con más de 20 años de trabajo en los sectores populares de Caracas. Miembro del Centro de Estudios Estratégicos Democracia e Inclusión (CEEDI) – Correo: Gladmar@gmailcom
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