El 3 de enero de 2026 no fue solo un hecho militar. Fue un punto de inflexión histórico. En la madrugada de ese día, fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en Caracas durante la “Operación Resolución Absoluta” (o “Determinación Absoluta”), la mayor operación militar de EEUU en América Latina en décadas. Maduro fue extraído del país y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos.
Días después, el Tribunal Supremo de Justicia designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Según múltiples reportes, Donald Trump y su equipo, particularmente el secretario de Estado Marco Rubio, le dieron una oportunidad clara: estabilizar el país y conducir una transición pacífica hacia la democracia.
Sin embargo, todo indica que el PSUV y Delcy Rodríguez no han comprendido —o no quieren comprender— ese mensaje. En lugar de avanzar hacia elecciones libres, parecen dispuestos a utilizar todas las estratagemas legales y políticas posibles para mantenerse en el poder al menos cuatro años más.
Argumento constitucional
Apoyándose en las ambigüedades de la Constitución, los magistrados del TSJ —fieles al chavismo— argumentan que, como el texto no menciona explícitamente qué ocurre cuando un presidente es sacado del país por una fuerza militar extranjera, no existe “falta absoluta” ni vacancia presidencial. Por tanto, Delcy se queda. El sentido común y la lógica importan poco: la Constitución, en manos del TSJ, sigue siendo letra muerta, como lo demostró la desaparición de los resultados electorales de 2024 y la proclamación de Maduro sin pruebas convincentes.
Ahora que el PSUV ya no cuenta con el respaldo irrestricto de Cuba, China, Irán o Rusia, rinde cuentas principalmente a Washington. Su principal argumento es la “tranquilidad” del país: “Todo está calmado, ni la oposición se queja”. Presentan la docilidad actual de los opositores como un mérito propio, cuando en realidad se trata de un voto de confianza temporal a la estrategia de Trump.
Pero esa paz no es incondicional ni equivale a perdón. La oposición no puede permanecer mansa indefinidamente si no hay avances reales. Apoyar el plan de transición no significa renunciar a exigir los cambios estructurales para superar el modelo socialista que destruyó Venezuela. Si el PSUV quiere ser aceptado como actor político legítimo en la nueva Venezuela —algo que nunca concedió a la oposición—, debe demostrar con hechos que está dispuesto a entregar el poder de forma ordenada.
Balance de promesas
El balance al cierre del primer trimestre de 2026 es desolador. De una lista de 21 trazadores clave para un verdadero cambio de reglas de juego, solo uno se ha cumplido: el cambio del Ministro de la Defensa (Vladimir Padrino López fue sustituido por Gustavo González López en marzo). Hay tres avances parciales (regreso limitado de empresas como Shell, Repsol y Trafigura; cierto progreso en el levantamiento de sanciones a PDVSA y el BCV; y una derogación parcial de la Ley Contra el Odio). Los 17 restantes no han ocurrido: no hay recuperación del sistema eléctrico, no existe transparencia sobre ingresos públicos, no se ha cerrado la brecha cambiaria, no hay nuevo CNE ni nuevo TSJ, no se han levantado inhabilitaciones políticas, María Corina Machado y otros líderes siguen sin poder regresar libremente, y leyes represivas como la Antibloqueo, la Simón Bolívar y la anti-ONGs siguen vigentes.
En lugar de cumplir estas tareas pendientes, el gobierno ha intensificado la represión contra disidentes y ha emitido declaraciones abiertas de que no tiene intención de entregar el poder, mostrando además una clara intolerancia hacia María Corina Machado, cuya voz fue clave para pedir la acción internacional que hizo posible el 3 de enero.
Les guste o no a los hermanos Rodríguez, gobiernan hoy en gran medida gracias al activismo de Machado y a la presión internacional que ella impulsó. El PSUV solo tendrá futuro político si demuestra que está dispuesto a entregar el poder sin dilaciones.
Exigencia final
No pueden liderar la reconstrucción del país, porque no entienden lo que se necesita: democracia real para generar confianza institucional, reconciliación ciudadana sincera y una economía de austeridad que rompa con el despilfarro de la renta petrolera. El modelo socialista sobredimensionó el gasto público, paralizó la infraestructura y destruyó los salarios. Querer volver a la época de las “vacas gordas” solo prolongará el desastre.
¿Hasta cuándo la oposición y la comunidad internacional seguirán dando un cheque en blanco a un gobierno que no cumple? La paciencia tiene límites. Es hora de que la oposición eleve su voz con firmeza y que Estados Unidos, junto a la comunidad democrática internacional, exijan con claridad y sin ambigüedades el cumplimiento de los hitos de la transición. Si Delcy Rodríguez y el PSUV no dan pasos concretos hacia elecciones libres y la restitución de derechos, la oportunidad histórica del 3 de enero se convertirá en una nueva frustración para los venezolanos. No bajen la guardia. El tiempo se agota.
Saverio Vivas es un activista político y social venezolano con más de 20 años de trabajo en los sectores populares de Caracas. Miembro del Centro de Estudios Estratégicos Democracia e Inclusión (CEEDI) – Correo: Gladmar@gmailcom
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