
Tras los acontecimientos post electorales la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) y la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA) exigen al CNE que publique la totalización de las actas y los votos, mesa por mesa, que se realicen las auditorías pertinentes para garantizar la transparencia del proceso electoral y que se cumpla con lo establecido en el artículo 5 de la Constitución.
Exigimos el cese de la represión y persecución del pueblo venezolano; la protesta social, laboral y popular no es un delito. Las centrales ÚNETE y CODESA reivindicamos el legítimo derecho a protestar, a manifestarnos, organizarnos y movilizarnos, tanto sindical como políticamente, como mecanismos para recuperar nuestros derechos salariales, laborales, sindicales, políticos y democráticos, que han sido cercenados por el gobierno Maduro, dice el pronunciamiento.
A través de un comunicado que se sustenta en el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que rige las reglas para el ejercicio de los derechos sociales, civiles y políticos de los venezolanos, uno de esos derechos establece: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo.
Lo ocurrido el pasado 28 de julio manifestó la voluntad soberana de un pueblo que clama por un cambio, voluntad. El comunicado expresa que los organismos del estado deben garantizar ese derecho, como el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas Nacionales y al contrario están ignorando la voluntad de la soberanía.
“Desconocen esa voluntad popular, sino que, a través de los órganos de seguridad del estado, han desatado una ola de persecución, acoso, detenciones arbitrarias, secuestros y desapariciones forzadas; además de descalificaciones de toda índole hacia quienes piensan diferente o no apoyan este modelo político” reza parte del comunicado.
UNETE y CODESA, trabajadores venezolanos, juntos con sus gremios, piden el cese de la represión y persecución
Las organizaciones piden el cese de los despidos masivos de trabajadores en distintas instituciones públicas y privadas del estado, que se han suscitado desde el pasado 28 de julio por el simple hecho de pensar diferente, violando así el derecho constitucional a un empleo como lo dicta la Constitución.
Por otra parte, rechazan las acciones en contra de los 8 millones de migrantes venezolanos “criminalizan a la diáspora, acusándola de acciones en contra del gobierno, cuando el único delito que cometieron fue salir de su país natal en busca de un futuro mejor para ellos y su familia”.
Recalcando que “intentan desconocer el voto mayoritario y el derecho soberano que tenemos los venezolanos de decidir el destino de nuestra patria, que no es otro que vivir con Libertad, Democracia y Paz”.
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