El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió una sentencia que debilita la lucha contra la tortura en el país. El TSJ considera que estos casos deben ser tratados como actos administrativos irregulares, según informó la organización Transparencia Venezuela.
La sentencia, de la Sala Constitucional del TSJ, fue emitida el pasado 12 de agosto y se basa en una acción de amparo interpuesta por los abogados de un presunto narcotraficante solicitado en Estados Unidos. Los abogados denunciaban que su cliente había sido torturado por el comisario Gerardo Contreras, responsable de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en Venezuela.
La Sala Constitucional, presidida por la magistrada Gladys Gutiérrez, se declaró incompetente para conocer el caso y ordenó que fuera remitido a la Sala Político-Administrativa.
Transparencia Venezuela considera que esta sentencia es un retroceso en los esfuerzos contra la violación de derechos humanos en Venezuela. La organización recuerda que la tortura es un delito gravísimo en el país, tipificado en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Salud, que establece penas de hasta 20 años de prisión para los responsables.
La sentencia del TSJ también es un revés para la lucha contra la impunidad en Venezuela. Las autoridades venezolanas están bajo investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, entre ellos la tortura.
La decisión de la Sala Constitucional ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que la consideran una violación del derecho a la justicia de las víctimas de tortura.
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