El traslado masivo de 129 privados de libertad desde Yaracuy hacia Lara agrava la crisis penitenciaria. El OVP denuncia irregularidades, retardo judicial y el colapso económico de los familiares.
Un contingente de siete autobuses arribó recientemente al estado Lara transportando a decenas de internos provenientes de centros de reclusión preventiva.
Estos traslados arbitrarios de presos contaron con la custodia estricta de la Guardia Nacional Bolivariana y efectivos de la policía estatal de Yaracuy. En el primer vehículo viajaban seis mujeres recluidas previamente en una comandancia militar quienes ingresaron de inmediato al anexo femenino de Uribana.
Simultáneamente sesenta hombres de la Comandancia General de la Policía de Yaracuy fueron distribuidos en los seis buses restantes para completar este proceso. Sumando otros sesenta y tres reclusos movilizados durante la misma semana desde la Policía Nacional Bolivariana la cifra total alcanza ciento veintiséis varones.
Estos ciudadanos ahora permanecen confinados entre el Centro Penitenciario David Viloria y la Comunidad Penitenciaria de Fénix en territorio larense bajo condiciones inciertas. La falta de un debido proceso marca estas acciones oficiales ejecutadas de manera repentina y sin comunicación previa con los defensores legales.
La normativa vigente establece que los movimientos de internos deben ocurrir inmediatamente después de que un juez emita la orden correspondiente oficial.
Lamentablemente la realidad penitenciaria muestra que los privados de libertad pasan años atrapados en calabozos policiales sin acceso a programas de estudio.
Esta estancia prolongada en sedes policiales impide que los reclusos opten a beneficios de redención de pena por trabajo o formación académica. Aunque el ingreso a penales nacionales es legal la irregularidad radica en enviar a los procesados lejos de los tribunales de origen.
El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones confirmó que la mayoría de estos sujetos se encuentran bajo la figura jurídica de procesados activos. Dicha lejanía geográfica interrumpe directamente el curso de los juicios y genera un estancamiento en las causas penales de los ciudadanos afectados.
Las autoridades justifican la ausencia de traslados a audiencias alegando falta de unidades de transporte funcional entre los diversos estados del país.
Consecuencias de los traslados arbitrarios de presos en el sistema judicial
Humberto Prado director del Observatorio Venezolano de Prisiones recordó que el penal de Yaracuy fue desalojado hace más de dos años y medio. El Ministerio de Servicios Penitenciarios prometió reestructurar el recinto y mejorar las instalaciones pero el edificio permanece clausurado hasta el día de hoy.
Este patrón de conducta gubernamental se repite en entidades como Apure Portuguesa y Trujillo donde actualmente no existen centros de reclusión formalmente operativos. La estrategia estatal consiste simplemente en mudar los conflictos operativos de un centro a otro sin ofrecer soluciones reales a la infraestructura.
Esta práctica agrava severamente el hacinamiento en cárceles que ya superan su capacidad máxima de recepción de población reclusa de forma crítica. Además genera una carga económica y logística insostenible para los grupos familiares que deben viajar largas distancias para ver a sus parientes.
La ausencia de un plan de contingencia evidencia la crisis profunda que el ente ministerial no soluciona tras catorce años de gestión.
La angustia crece entre las madres y esposas que anteriormente llevaban suministros diarios a los calabozos policiales cercanos a sus domicilios particulares.
El traslado hacia el estado Lara representa un peligro inminente para la integridad física de los internos debido a las condiciones de vida. Muchos familiares denuncian la alimentación precaria y la inexistencia de agua potable dentro de las instalaciones de la cárcel de Uribana y Fénix.
En términos financieros visitar a un recluso implica un gasto aproximado de ochenta dólares mensuales considerando cinco viajes por traslados y paquetería.
Un pasaje de ida y vuelta desde Yaracuy hasta la capital larense cuesta diez dólares más el transporte interno hasta el penal. Para las familias venezolanas con ingresos limitados costear dieciséis dólares por cada visita individual resulta una tarea prácticamente imposible de cumplir mensualmente.
Este escenario de abandono médico y desatención alimentaria eleva el riesgo de enfermedades crónicas o muertes por desnutrición en la población carcelaria.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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