Once marinos del buque Negra Hipólita exigen el sobreseimiento de su causa bajo la Ley de Amnistía tras seis años de un proceso sin pruebas.
La crisis judicial en Venezuela golpea con fuerza a once trabajadores petroleros inocentes de la tripulación técnica del buque Negra Hipólita.
Desde marzo de 2020, las autoridades mantienen bajo investigación a estos ciudadanos por supuestos delitos de terrorismo y contrabando de combustible. Hasta la fecha, la Fiscalía General de la República no presenta ninguna prueba contundente que demuestre la responsabilidad individual de los procesados.
Este ensañamiento judicial prolongado sin una sentencia definitiva viola flagrantemente los derechos de Alfredo Rodríguez, Oscar Delgado y Robinson Lugo. El limbo procesal también destruye la vida de Tonny Rodríguez, Luis Díaz, Emisael Quiroz, Jesús González y Edward Villanueva. Asimismo, Antonio Pirela, Johan Zavala, José Ruiz y Ulvis Ramírez sufren esta injusta persecución del Estado venezolano.
Desde la primera audiencia, el tribunal otorgó libertad bajo presentación cada quince días debido a la evidente falta de indicios de culpabilidad.
Cuatro de los afectados pertenecen a las nóminas activas de PDVSA y laboran en la industria a pesar de las restricciones.
Las familias denuncian un desgaste económico y emocional devastador por los constantes viajes obligatorios desde Falcón hasta Caracas.
El precedente del buque que ampara a los trabajadores petroleros inocentes
El abandono institucional agrava la situación porque el fiscal del caso falta a las audiencias desde septiembre de 2025. El tribunal tampoco otorga despacho regular ni entrega constancias de asistencia a los marinos cuando estos acuden a la sede judicial.
Existe un precedente jurídico clave porque el capitán del buque, Franklin Uztariz, ya recibió el sobreseimiento definitivo de su causa penal. La justicia aplicó a su favor la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, publicada en la Gaceta Oficial 6.990.
Las investigaciones demostraron que el capitán ordenó el desvío de la embarcación y las comunicaciones satelitales que perjudicaron a PDVSA.
Sindicatos y organizaciones de derechos humanos denuncian que las autoridades utilizan a los once técnicos como simples chivos expiatorios del caso.
Por esta razón, los defensores consignaron la solicitud de sobreseimiento para proteger a este grupo de marinos. Los afectados exigen la aplicación igualitaria de la ley, la restitución de sus derechos laborales y el cierre definitivo de este calvario.
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