Este miércoles 8 de noviembre se cumplen 600 días sin aumento del salario mínimo en Venezuela. Trabajadoras y trabajadores venezolanos se sientan sobre un piso de 130 bolívares (menos de cuatro dólares al mes) y comienzan a «emprender» y a «resolverse», eufemismos para perfumar la necesidad de llevar dinero al hogar. Este periodo «ha sido grave, de lucha diaria», explica Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela.
La palabra elegida por Eduardo Sánchez, presidente de Sinatra-UCV, para caracterizar estos meses, es «deprimente». La sociedad venezolana, analiza, «está más enferma: mientras se achica el número de personas que accede a ‘las tres papas’ y a bienes y servicios, va creciendo el sector que se depaupera.
Si somos 30 millones de habitantes, son 21 millones de personas en pobreza crítica, la cifra más alta que hemos tenido en la historia».
Los pensionados, como lo detalla Lozada, subsisten de la venta «de las cosas que les quedan. Vengo de Ipostel (el correo estatal), y conozco motorizados que tuvieron que vender sus motos para comérselas. Adultos tienen alguna ayuda de un familiar el exterior. Otros viven de la caridad pública. También buscan una bolsa a ver qué venden. La situación, cada día, se agrava más, y no podemos esperar 2024 para una elección. No. Eso tiene que resolverse ahora, y los que dicen que gobiernan deben modificar el salario hasta que se aumente el salario mínimo».
En Venezuela las personas trabajan hasta cuando les dicen que no. «Somos esclavos del trabajo, trabajando en lo que sea», puntualiza Sánchez. En la mesa se come menos, y los alimentos son los que el Estado entrega en la bolsa CLAP: «Una dieta de pasta, maíz amarillo y arroz».
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Han sido, también, meses de protestas; de entrega de cartas, entrevistas con funcionarios, reclamos, marchas, ayunos, concentraciones.
«Tenemos 600 días con el mismo salario mínimo, situación que coloca a los trabajadores en una condición de indefensión, en condición de no poder satisfacer las necesidades mínimas y que destruye el valor del trabajo y compromete el desarrollo de las generaciones futuras en el país», expresa Luis Crespo, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la UCV. Estos 600 días han implicado «la depauperación de las condiciones de vida de los trabajadores; en el caso del sector docente ha sido la destrucción de la carrera docente».
Se ha condenado al trabajador y a su familia a una situación de precariedad, advierte Crespo, «y se los ha obligado a buscar fuentes de ingreso alternas». Sigue la expectativa de irse a otro país. Y quien no se va, recurre «al trabajo informal, al rebusque. Se encubre como ‘emprendimiento’ la búsqueda de recursos, se destruye el trabajo como fuente creadora de valor y fuente creadora de oportunidades». En la UCV, por ejemplo, no se cumple la jornada completa porque no alcanza ni para el pasaje. Más se han buscado «mecanismos para no abandonar los espacios en medio de una situación muy compleja».
Un profesional como Crespo, con estudios y de escalafón, recibe un salario básico de 16 dólares al mes.
– ¿De qué vive realmente?
-Tengo que buscar asesorías. Incluso, hacer viajes con mi carro particular.
Para los pensionados no ha sido menos duro. «Son 5 millones 380 mil pensionados y jubilados que están en las nóminas del Seguro Social, más los trabajadores activos que están en la misma situación», expone Lozada. «Los 600 días han sido de buscar alimentos para los más desprotegidos, de buscar medicinas hasta por las redes sociales porque nuestro ingreso no alcanza y no podemos ir a una clínica; tenemos que ir a los hospitales del gobierno, que también están olvidados. Si te vas a operar la vista, como tengo yo que hacerlo, tengo que buscar los medicamentos, desde el lente intraocular hasta la bata del médico. Ah, pero sí arreglan placitas, pintan, ponen mapas de Venezuela por todas partes».
Los responsables de esta crisis «han actuado alevosamente en el marco de una estrategia para eliminar el salario», considera Sánchez. Es tan planificado, que se ha puesto a los trabajadores a pagar la crisis, acusa Crespo. «Hemos visto cómo en estos 600 días el gobierno ha hecho acuerdos con los gremios empresariales» y no con los trabajadores. Los voceros oficiales alegan que las sanciones impiden al Estado disponer de dinero para atender las necesidades de la masa laboral. Un dato clave: «Se cumplen 21 días del anuncio de la flexibilización de las sanciones, y el gobierno no ha hecho ningún anuncio sobre mejorar las condiciones de los trabajadores activos, jubilados y pensionados».
En marzo pasado, el economista identificó fuentes de ingreso que permitirían elevar el salario mínimo a 130 dólares. Hoy, con flexibilización de sanciones, anticipa que se podría llegar a 200 dólares. Pero no hay anuncios, ni un horizonte que los albergue.
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