
El coordinador general de la Organización No Gubernamental Provea, Óscar Murillo, solicitó la derogación de la Ley contra el Odio. Durante una entrevista radial en Unión Radio, el defensor de derechos humanos afirmó que mantener vigente la norma jurídica transmite un mensaje negativo a las víctimas de persecución política.
Murillo advirtió que la aplicación de esta legislación profundizó la criminalización de la disidencia. A su juicio, la normativa permitió que funcionarios públicos determinen de forma discrecional cuáles conductas generan zozobra en el país. El vocero sostuvo que la aprobación de normas de este calibre requiere un consenso social amplio dentro de un marco de pluralidad.
El representante de la ONG destacó que la disminución temporal de casos represivos no implica un blindaje de las libertades fundamentales. Por esa razón, instó a desmantelar los mecanismos institucionales que facilitaron la persecución en los últimos años.
Necesidad de recuperar el debate público sin hostigamiento
La organización defensora de derechos humanos insistió en la necesidad de restablecer garantías para que la ciudadanía pueda debatir libremente. Pese al debate parlamentario sobre reformas legales, la estructura represiva continúa operativa en el territorio nacional. Provea mantendrá la exigencia ciudadana ante organismos nacionales e internacionales hasta lograr la anulación definitiva del texto normativo. Esta postura complementa las constantes denuncias sobre la Ley contra el Odio en Venezuela.
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