En un revelador comunicado del 12 de octubre de 2024, la organización no gubernamental (ONG) venezolana, Provea, denuncia que a individuos en detención después de las elecciones del 28 de julio los somenten a presiones y amenazas para confesar delitos imputados por el Ministerio Público sin pruebas suficientes ni garantías de un debido proceso. Según la ONG, estas acusaciones se basan en testimonios de familiares de los detenidos y se centran en la táctica de coacción para firmar y dejar huellas en documentos en blanco, lo que constituye una violación masiva de las garantías judiciales.
Provea detalla que estas prácticas incluyen torturas y tratos crueles como golpizas y la negación de alimentos y medicinas, además de restricciones para recibir visitas. Este accionar se enmarca dentro de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera tortura y penas crueles, extendiendo este concepto más allá de la violencia física a condiciones de detención que atentan contra la dignidad humana.
Detenidos poselectorales de varios centros de reclusión
Las denuncias proceden de varios centros de detención como Tocuyito, Tocorón, El Rodeo y Las Crisálidas, donde se encuentran individuos detenidos en medio de protestas masivas que siguieron a la reelección del presidente Nicolás Maduro, una victoria que es objeto de escrutinio tanto nacional como internacionalmente. A más de 2,400 personas los apresaron, según cifras gubernamentales, acusadas de actos de violencia y vandalismo durante las manifestaciones.
La acusación de terrorismo, un delito que acarrea penas de 25 a 30 años, para Provea reflejan un “abuso crónico” de la legislación antiterrorista, según relatorías de Naciones Unidas. Este contexto de represión y acusaciones sin fundamento sólido ha sido criticado por la oposición y sectores de la sociedad civil, que perciben en estos actos una estrategia de control y deslegitimación de la protesta.
Provea cuestiona legitimidad
La denuncia de Provea no solo aporta luz sobre la situación de los detenidos, sino que también abre un debate sobre la legitimidad de las prácticas del gobierno venezolano en el manejo de la disidencia y la justicia, bajo el escrutinio de la comunidad internacional y de organizaciones de derechos humanos. La comunidad global observa con preocupación estos eventos, en un país que enfrenta una crisis política y social profunda, donde las libertades y derechos humanos están en constante riesgo.
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