SOS Orinoco, una organización no gubernamental dedicada a la conservación del ecosistema del Orinoco, ha expuesto un escandaloso esquema de corrupción en el estado Amazonas, donde se ha documentado que efectivos militares están cobrando hasta 16 gramos de oro semanalmente a mineros ilegales por el derecho a operar en la zona de Atabapo, específicamente en la mina de Cárida.
En un comunicado difundido a través de redes sociales, la ONG señaló que esta práctica ha permitido el crecimiento de la minería ilegal en 13 hectáreas entre julio y septiembre de este año, con una comunidad de al menos 1.200 personas y 123 máquinas trabajando en la extracción de oro. La denuncia también involucra a autoridades locales y militares, insinuando una red de complicidad que incluye a la alcaldesa del municipio Atabapo, Weissira Suárez del PSUV.
Supuesta lucha de Maduro contra la minería ilegal
Este descubrimiento pone en entredicho la credibilidad de la supuesta lucha del gobierno de Maduro contra la minería ilegal, evidenciando que las operaciones no solo continúan sino que se expanden con la bendición de las autoridades. SOS Orinoco clama por la intervención de un “comandante honesto y patriota” que detenga esta explotación ambiental y la corrupción asociada.
La situación en Amazonas se suma a las preocupaciones expresadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 21 de octubre, donde instó al gobierno venezolano a tomar acciones inmediatas para proteger a los pueblos indígenas, como los yanomami, de la minería ilegal y sus devastadores efectos, incluyendo desplazamiento forzado, aumento de la violencia y la propagación de enfermedades.
Esta revelación no solo destapa un problema ambiental y social de magnitud sino que también expone las grietas en la gobernanza y la seguridad de uno de los pulmones de América Latina, poniendo en el tapete la urgencia de una respuesta efectiva y honesta por parte de las autoridades venezolanas.
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