Una irregularidad informática permitió a empleados del Ayuntamiento de Doral ver los archivos privados de concejales en una red compartida. El asunto ha provocado un conflicto entre una concejal y la jefa de gabinete de la alcaldesa. Ambas se han denunciado mutuamente por el caso.
La ciudad y comunidad de Doral en Florida, EEUU, es de gran importancia para los venezolanos en los Estados Unidos. Por esa razón compartimos este caso, a partir de un reporte de Verónica Egui Brito, para El Nuevo Herald.
El conflicto entre los concejales de Doral
El problema inició el 24 de enero pasado, cuando el Departamento de Tecnología de la Información (IT) del ayuntamiento de la ciudad descubrió lo que denominaron “un error de configuración de permisos”. Los afectados fueron los concejales Maureen Porras y Rafael Pineyro.
A raíz de eso, Porras presentó una denuncia ante la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, acusando a Marion C Troitino, la jefa de gabinete de la alcaldesa Christi Fraga, por incumplimiento de la Ley de Transparencia y de filtración de datos.
Porras afirma que Troitino accedió a casi 60 de sus archivos siete días antes de una votación anticipada para decidir el despido o no de la administradora municipal. La concejal Porras dice que esa filtración no fue una coincidencia.
“Yo era el voto decisivo; querían saber cómo iba a votar”, aseguró Porras.
La reacción de Troitino
Ante la grave acusación, Troitino, la jefa de gabinete de la alcaldesa Christi Fraga, presentó una denuncia ante la Comisión de Ética y Confianza Pública de Miami-Dade, afirmando que Porras había aprovechado su posición oficial para usar computadoras del gobierno municipal, y acceder a documentos relacionados con su práctica de derecho de inmigración.
Al parecer, la supuesta filtración de datos en realidad fue una mala configuración de permisos de acceso. El director del departamento de informática (IT), José Otero, declaró que el problema, “mal calificado de filtración, fue un caso de irregularidad interna de permisos”. Otero explicó que los concejales más recientes tenían perfiles con permisos mal configurados.
A pesar de las explicaciones, la concejal Maureen Porras presentó una queja formal ante la oficina de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade. Ella afirma que “la naturaleza de esta filtración plantea preocupaciones significativas sobre la integridad del proceso político y la protección de información confidencial dentro de nuestro municipio”.
Porras dice que la filtración se produjo en un periodo previo a una votación sobre el cargo de la administradora municipal Bárbara “Barbie” Hernández. Dicha funcionaria fue despedida por un aparente conflicto de interés, pese a que la alcaldesa Fraga suplicó a los concejales que no lo hicieran.
El concejal Rafael Pineyro también presentó una denuncia similar a la de Porras ante la Fiscalía, pero la suya es contra otra asistente: Claudia Bailly, jefa de gabinete del vicealcalde Óscar Puig-Corve.
Pineyro alega que Bailly “se aprovechó potencialmente de estas vulnerabilidades”. “Bailly abrió 116 de mis archivos”, dijo Pineyro. “No había nada aparte de mi trabajo de concejal, pero pudo haber sido un problema si hubiera estado trabajando en documentos relativos a leyes concretas”, agregó.
A diferencia del concejal Rafael Pineyro, la concejal Maureen Porras no está en conflicto con la asistente Bailly, pues dice que “la oficina del vicealcalde fue una de las que descubrió la filtración”. Afirma que Fraga “sí se aprovechó de ese acceso”.
Una ex asistente se metió en el conflicto
La jefe de gabinete de la alcaldesa, Troitino, presentó el 3 de mayo una queja contra Porras ante la Comisión de Ética de Doral, alegando que el informe del departamento de informática (IT) también había revelado que Porras y su ex asistente ejecutiva María Rodríguez parecían haber accedido a documentos relacionados con la práctica de derecho de inmigración de Porras en sus computadoras del ayuntamiento.
Porras explicó a El Nuevo Herald que todo su trabajo como concejal de Doral, incluido el asesoramiento jurídico, siempre ha sido gratuito y comunitario. Y según ella, no constituye una infracción de ética. “La denuncia no tiene mérito. Es solo para desviar la atención del verdadero problema del acceso indebido por parte de la jefa de personal de la alcaldesa, que es una infracción de ética”, dijo Porras.
María Rodríguez, la ex asistente ejecutiva de Porras, dijo que la concejal la maltrató durante su año como jefa de gabinete. Además aseguró que Porras le hizo rellenar documentos legales, que luego Porras firmaba, como si ella hubiera hecho el trabajo. “Ella solo firmaba los documentos”, dijo Rodríguez, que renunció en diciembre pasado.
Rodríguez dijo que cree que Porras ofrece asesoramiento jurídico para ganar votos. “Quería ganarse la confianza de la comunidad venezolana ofreciendo asesoramiento y clínicas de inmigración. Pretendía asegurarse el voto venezolano para su reelección” en 2026.
También aclaró que no cobraba por el asesoramiento sobre inmigración. Y que la mayor parte de su trabajo en la ciudad se refería a servicios jurídicos, no a asuntos oficiales de la ciudad.
Ante las declaraciones de su ex asistente, Porras respondió que ella “nunca ha usado recursos de la ciudad para beneficio personal o de mi empleador”. Cree que las acusaciones contra ella son una represalia por su denuncia contra la jefa de gabinete de la alcaldesa por “acceso indebido” a sus archivos privados.
Fraga, la alcaldesa de Doral ha negado que su jefa de gabinete accediera a los archivos de Porras. “Mi oficina no tuvo conocimiento del incidente hasta que un técnico de TI le pidió (a Troitino) que usara su computadora para verificar si el problema se había resuelto”. La alcaldesa declaró que fue el técnico quien dio clic en los archivos, no Troitino.
Implicaciones de las denuncias
José Smith, ex abogado municipal de las ciudades de Miami Beach y North Miami Beach, que actualmente es magistrado especial de North Miami, descartó la idea de que los incidentes relacionados con los archivos de Porras y Pineyro constituyan una infracción de la Ley Sunshine.
“Es una infracción de la Ley Sunshine cuando dos o más concejales se comunican entre sí y acuerdan votar sobre algo”, dijo Smith. “Ver documentos no es una infracción de la Ley Sunshine. A menudo vemos publicaciones en las redes sociales en las que los políticos hacen públicas sus agendas. Solo se convierte en una infracción si otro miembro de su gobierno comenta esas publicaciones, ya sea a favor o en contra”, explicó Smith.
En cuanto a las denuncias sobre la filtración de datos, Smith dijo que si la computadora pertenece a la ciudad, cualquier persona autorizada dentro del gobierno podría tener acceso a su contenido. “No existe ningún privilegio legal”, dijo. “Muy pocas cosas de las computadoras de la ciudad son confidenciales”.
No obstante, tanto la Fiscalía Estatal como la Comisión de Ética se encargan ahora de analizar la evidencia. Mientras que la ciudad está llevando a cabo una auditoría forense externa de sus sistemas de TI para comprender lo ocurrido.
Una relación fracturada
Fraga, Porras y Pineyro se postularon juntos en 2022. Dos años después, esa alianza se está fragmentando, dejando a Fraga en una posición débil. Se enfrenta a tres votos en contra en la mayoría de sus propuestas en la junta de cinco miembros.
La alcaldesa Christi Fraga ha dicho en repetidas ocasiones que los ataques contra ella y su personal tienen una motivación política. Según ella, derivan de que es un año electoral en Doral con tres escaños abiertos: el suyo, el de Pineyro y el de Puig-Corve.
El vicealcalde ha dicho que no se postulará a la reelección. De ser así, esto crearía una vacante que pudiera ocupar un concejal alineado con la alcaldesa. De no ser así, se mantendría el actual estado de polarización en la cámara.
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