En una decisión dividida, la Corte Suprema permitió que Texas comience a aplicar una ley que otorga amplios poderes a la policía para arrestar a migrantes sospechosos de cruzar la frontera ilegalmente mientras se desarrolla una batalla legal sobre la medida.
La orden de la mayoría conservadora rechaza una solicitud de emergencia de la administración Biden, que argumenta que la ley viola claramente la autoridad federal y perturbaría más de un siglo de autoridad migratoria.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, elogió la orden y la ley, que permite a cualquier oficial de policía en Texas arrestar a migrantes por entrada ilegal y autoriza a los jueces a ordenarles salir de EE. UU.
La Corte Suprema no abordó la constitucionalidad de la ley, devolviendo la medida a un tribunal de apelaciones que podría llegar nuevamente al tribunal supremo. Mientras tanto, no estaba claro cuándo Texas podría comenzar a arrestar migrantes bajo la ley.
Ley de Texas puede violar derechos civiles
La ley, conocida como Ley del Senado 4, es considerada por opositores como el intento más dramático de un estado de controlar la inmigración desde una ley de Arizona hace más de una década, partes de la cual fueron anuladas por la Corte Suprema. Críticos también han señalado que la ley de Texas podría llevar a violaciones de derechos civiles y a perfiles raciales.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó la ley de “dañina e inconstitucional”, afirmando que sobrecargaría a las fuerzas del orden y crearía confusión. Instó a los republicanos del Congreso a resolver el problema con un proyecto de ley federal de seguridad fronteriza.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, expresó su rechazo a la medida, calificándola de criminalizante y discriminatoria hacia los migrantes. Grupos de defensa como FWD.us advirtieron que la decisión de la Corte Suprema podría alentar a otros estados a aprobar leyes que socaven la autoridad federal.
Mientras Texas argumenta su derecho a actuar ante lo que las autoridades consideran una crisis en la frontera sur, la aplicación de la ley generó preocupaciones sobre la formación y el potencial impacto en las comunidades. La batalla legal continúa, con audiencias en la Corte de Apelaciones programadas para abril.
Con información de AP.
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