
En el contexto de las protestas que han seguido al anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, la dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Jaqueline López, ha denunciado una escalada en la persecución y el hostigamiento contra los trabajadores del sector público. Según informó el Buró Político del PCV, en las últimas dos semanas se han registrado despidos tanto abiertos como encubiertos en diversas instituciones y empresas estatales.
López detalló que los trabajadores que han manifestado su descontento con la gestión del gobierno de Nicolás Maduro y han cuestionado los resultados electorales, están siendo amenazados y perseguidos en sus lugares de trabajo. “Tenemos noticias de despidos ilegales y renuncias forzosas en Pdvsa, Corpoelec y el sector salud”, mencionó, añadiendo que también en Venezolana de Televisión (VTV) se han dado despidos por razones políticas recientemente.
La dirigente también señaló que las prácticas de acoso laboral se han intensificado en el sector educativo y en entidades gubernamentales como Gobernaciones y Alcaldías, lo que, según ella, agrava la represión contra los sectores populares iniciada tras las elecciones.
Organizaciones no gubernamentales han documentado más de 1500 detenciones desde las elecciones, incluyendo 200 mujeres y 129 adolescentes, evidenciando una represión masiva contra sectores vulnerables y activistas de diversas organizaciones.
El PCV ante la Ley de Fiscalización de ONG
Además, el PCV ha criticado la reciente aprobación de la Ley de Fiscalización de ONG por la Asamblea Nacional, promovida por el PSUV, argumentando que limita la libertad de asociación constitucionalmente garantizada. López aclaró que, aunque el imperialismo ha utilizado ONGs para sus fines, muchas de estas organizaciones representan sectores importantes de la sociedad civil, y la nueva ley impondrá una pesada burocracia que afectará sus actividades.
La denuncia del PCV subraya una preocupación por la consolidación de un modelo autoritario en el país, donde la libertad de expresión y asociación de los trabajadores y la sociedad civil se ve cada vez más restringida.
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