Según el informe de la ONU los poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia desamparando a la ciudadanía
Oscar Murillo coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), explicó que el informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, tiene elementos importantes por cuanto verifica, certifica y valida las denuncias que registran las diferentes organizaciones de Derechos Humanos.
La caracterización del documento profesional afirma que el gobierno de Nicolas Maduro ha intensificado sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, según el coordinador de Provea.
Lo que ha ocurrido después de las elecciones, a consideración de la misión es que las violaciones registradas, los crímenes documentados, forman parte de ese crimen de lesa humanidad con motivaciones políticas que es precisamente el patrón que está investigando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Murillo acotó “en concreto no se trata de actos aislados o aleatorios, sino que forma parte de un plan continuo y coordinado. Para silenciar y reprimir no solo a la oposición política sino cualquier expresión y manifestación de disidencias”
Por su parte, enfatizó que esta misión de la ONU es uno de los primeros mecanismos internacionales en afirmar que en Venezuela se han cometido graves violaciones a los derechos humanos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que podría constituir crímenes de lesa humanidad, en su opinión la misión “tiene un discurso esclarecedor sobre lo que ocurre en Venezuela”.
En este sentido la Misión de la ONU advierte los hechos en documentos previos, que terminan convalidándose en un escenario donde el gobierno se ve obligado a reprimir a partir del control absoluto de sus instituciones para poder permanecer en el poder.
Informe de la ONU afirma una intensificación del aparato represivo del Estado
Oscar Murillo señaló que según el informe de la ONU “estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado que se activó deliberadamente. Teniendo en cuenta que ya existía, es una continuación de patrones que representan un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano”.
Un aporte sustancial de este informe es que los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo. En la práctica, muchas de las garantías judiciales perdieron su efectividad, dejando a la ciudadanía en desamparo frente al ejercicio arbitrario del poder.
Hecho que se evidenció desde que el presidente del Consejo Nacional Electoral anuncia unos resultados sin ningún tipo de basamento técnico, riguroso y metodológico. Lo que originó las protestas contra los resultados electorales anunciados marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho.
PROVEA registra graves abusos contra los derechos humanos
El coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), indicó que en Venezuela se ha registrado, luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, un ascenso vertiginoso de graves abusos contra los derechos humanos.
En una entrevista para Punto de Corte, resaltó que existen diferentes estrategias represivas que configuran un patrón de persecución por razones políticas que han seguido a un proceso electoral que no es ni justo ni libre. Aun así, bajo un escenario de restricciones, representó un hito de esperanza que movilizó a millones de venezolanos por un cambio político cuyos resultados oficiales desataron una oleada de descontento social.
La respuesta gubernamental contra la población venezolana, que ha sufrido las terribles consecuencias del régimen autoritario de Nicolás Maduro, fue la abierta vulneración de sus garantías judiciales.
Toda persona que en su derecho a levantar la voz y a salir a las calles en defensa de la transparencia de su propio sistema electoral y para la recuperación de la democracia, pasaron a ser objetivos de las amenazas y el hostigamiento incesante a través de campañas de estigmatización, al margen de los miles de detenidos de forma arbitraria y de las dolorosas pérdidas humanas en este conflicto poselectoral, cuyas familias exigen una investigación transparente para determinar responsabilidades en este hechos donde el Estado ha fallado en su obligación de garantizar la integridad física y la vida.
Según datos de Provea, desde el 2019 la cifra de personas asesinadas en un ciclo de protestas tan breve como el actual, no había sido tan elevada
De acuerdo a información divulgada por el gobierno de Nicolás Maduro y autoridades del Ministerio Público, se contabiliza 2.400 detenciones arbitrarias entre el 29 de julio y el 13 de agosto, por su participación en las protestas o acusadas de formar parte de actos de conspiración o terrorismo.
La cifra, que representa el 94% del total de detenidos registrados durante los cuatro meses del ciclo de protestas de los meses de abril y agosto de 2017, da cuenta de que en solo 16 días unos promedios de 150 personas fueron detenidas –diariamente- por agentes de seguridad venezolanos.
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Más del 95% de las personas detenidas son habitantes de comunidades pobres de distintas ciudades del país.
A la fecha, el Foro Penal Venezolano ha logrado individualizar y verificar de manera independiente a 1.505 personas detenidas de manera arbitraria en el contexto postelectoral, con un subregistro cercano al 33% de la cifra suministrada por las autoridades, quienes insisten en su política de opacidad negando certezas a las víctimas, sus familiares y abogados defensores.
“Los venezolanos hemos asumido todos los sacrificios posibles y no claudicamos en nuestra aspiración de vivir en democracia y garantizar la dignidad y la igualdad de derechos para todas las personas. En ese sentido, urge que la comunidad internacional articule estrategias, sin vacilaciones, en favor de un reclamo legítimo y justo” concluyó el defensor de los Derechos Humanos.
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