Un equipo de expertos de la ONU afirmó que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo asestó un “golpe final” al Estado de derecho en Nicaragua con una reforma constitucional que concentra todo el poder en la actual administración.
El informe, publicado el 26 de febrero de 2025, expone graves violaciones a los derechos humanos y alerta sobre el rumbo autoritario del país.
Los especialistas del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU detallaron que Ortega y Murillo eliminaron los últimos límites a su autoridad tras años de represión violenta.
El documento destaca las protestas de 2018, que dejaron más de 300 fallecidos, y revela por primera vez la implicación del Ejército en estos abusos, algo que el régimen siempre negó. En Nicaragua, la disidencia enfrenta una persecución implacable que incluso cruza fronteras, afectando a exiliados.
Reforma constitucional: El sello del autoritarismo
La reforma constitucional reciente consolidó el dominio del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, Legislativo y Electoral, transformándolos en extensiones de la presidencia.
Jan Simon, líder del grupo, señaló que el Frente Sandinista y el Estado operan como una “maquinaria unificada” de represión, aplastando cualquier oposición con un control absoluto.
Violaciones y crímenes: Un país en guerra interna
El informe documenta que 452 personas perdieron su nacionalidad, incluyendo 135 presos políticos enviados a Guatemala como apátridas en septiembre. Ariela Peralta, experta del grupo, afirmó: “Ortega libra una guerra contra su pueblo”.
Los abusos, calificados como posibles crímenes de lesa humanidad, incluyen persecución política sistemática, respaldada por fuerzas de seguridad y agencias de inteligencia bajo el mando de Ortega y Murillo.
La ONU exige acción internacional ante la Corte Internacional de Justicia y facilidades de asilo para exiliados, advirtiendo que la indiferencia global agrava el sufrimiento nicaragüense.
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