
La ONG Acceso a la Justicia emitió un comunicado este pasado jueves, subrayando que la Asamblea Nacional (AN) actuó ilegalmente al destituir a Juan Carlos Delpino como rector del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La organización destacó que la legislación vigente estipula la necesidad de un “previo pronunciamiento” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) antes de llevar a cabo tal acción.
A través de su nota, Acceso a la Justicia enfatizó que los rectores del CNE son considerados altos funcionarios del Estado, lo que le otorga el derecho al antejuicio de mérito. De esta manera, cualquier acción penal o juicio en su contra debe contar con autorización del TSJ. La destitución de Delpino se realizó sin que el máximo tribunal presentara un fallo en su contra. Lo que plantea serias interrogantes sobre la legitimidad del proceso.
La ONG subrayó que el acto representa una clara violación al principio de separación de poderes, un pilar fundamental que, según ellos, ha sido menospreciado en el país. Al actuar de esta forma, la AN ha vulnerado los derechos del CNE, del TSJ y de la Contraloría General al usurpar sus funciones.
Además, la ONG señaló que el CNE es la entidad competente para declarar el abandono de cargo, no la AN de 2020. La sentencia de destitución, que no explica los motivos de la remoción, también infringe el derecho a la defensa.
El 17 de octubre, el Legislativo solicitó la apertura de una investigación penal contra Delpino por supuestos delitos de “corrupción” y “traición a la patria”. A finales de agosto, el exrector había denunciado “irregularidades” en las elecciones presidenciales, lo que provocó una crisis de confianza en el proceso electoral.
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