El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) denunció que la exclusión de candidatos para las elecciones presidenciales del 28 de julio, socava los derechos políticos de los venezolanos.
Esta denuncia se produce luego de que la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) no pudiera postular a Corina Yoris como reemplazo de María Corina Machado. Quien se encuentra inhabilitada.
“El derecho a elegir y ser elegido es un pilar fundamental para que las elecciones sean libres y auténticas”, señaló el OEV en un comunicado.
“Este derecho está intrínsecamente relacionado con otros derechos humanos como el derecho a vivir libre de discriminación, el derecho a la libertad de expresión, de asociación y reunión pacífica y de libertad de movimiento”.
Falta de transparencia del CNE
El OEV mostró su preocupación por la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) al no explicar las razones por las que se rechazó la candidatura de Yoris. Quien cumple con los requisitos constitucionales para participar en las elecciones.
La organización reiteró la importancia de que los venezolanos puedan elegir libremente a sus representantes. “Las autoridades electorales tienen la obligación de garantizar el ejercicio de este derecho sin ningún tipo de restricción”, enfatizó el OEV.
Cabe destacar que, además de Nicolás Maduro, el CNE solo permitió la inscripción de otros nueve candidatos vinculados al régimen, así como del gobernador del Zulia, Manuel Rosales, quien se postuló fuera de la unidad opositora.
También se aprobó la candidatura de Enrique Márquez con la tarjeta del partido Centrados, luego de que el CNE la hubiese excluido del proceso en un primer momento.
Finalmente, el CNE permitió a la PUD postular al diplomático Edmundo González Urrutia como “candidato tapa” para reservar el lugar de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
La situación actual genera incertidumbre sobre la transparencia del proceso electoral en Venezuela. El OEV y otras organizaciones internacionales han hecho un llamado a las autoridades para que garanticen el respeto a los derechos políticos de todos los venezolanos.
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