En el contexto del reinicio de actividades universitarias tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, Venezuela enfrenta una crisis de derechos humanos con la detención de al menos 45 universitarios, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA). La represión conduce a muchos a la fuga, al exilio o a vivir en la clandestinidad por temor a la captura.
Las detenciones comenzaron el mismo día de las elecciones cuando estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Posteriormente, 71 estudiantes fueron expulsados, evidenciando una persecución política que se extiende a nivel nacional.
El ODH-ULA ha identificado a 24 de estos detenidos, provenientes de prestigiosas instituciones como la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Los Andes, entre otras. La mayoría la acusan de delitos graves como terrorismo y traición a la patria, aunque la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos las califican como arbitrarias.
Casos destacados de universitarios
Entre los casos más destacados se encuentra el de profesores y activistas como Edni López y Aura Janesky Lehmann, quienes fueron detenidas en el aeropuerto y posteriormente liberadas con medidas cautelares, evidenciando la vulnerabilidad de la academia ante el régimen. Otros, como el profesor Salvador Rivera, permanecen encarcelados bajo condiciones duras y sin acceso adecuado a la defensa.
La situación no se limita a la detención física. Profesores y estudiantes son objeto de amenazas y acoso, obligando a algunos a huir del país o a vivir en la clandestinidad. Un ejemplo es Carlos Bracho, refugiado en Uruguay.
El ODH-ULA y la comunidad académica venezolana exigen la liberación inmediata de todos los presos políticos y el cese de la persecución contra la universidad, instando a la comunidad internacional a observar y actuar ante esta crisis de derechos humanos. La represión no se detiene en las detenciones; la intimidación y la difamación en redes sociales contra activistas y académicos son parte de un patrón de terrorismo de Estado que atenta contra la libertad académica y de expresión en Venezuela.
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