Este lunes, el gobierno de Nicaragua encabezado por Daniel Ortega, anunció la disolución de 12 organizaciones no gubernamentales (ONG) bajo el pretexto de “disolución voluntaria”, sumando así más de 3.500 entidades cerradas desde las protestas de 2018. Entre las ONG afectadas se encuentra Swisscontact, una agencia suiza que operó en el país por más de tres décadas, dedicada a la promoción de la cultura, el deporte, la ecología y actividades religiosas.
El régimen sandinista de Daniel Ortega ha justificado estos cierres argumentando que muchas de estas ONG respaldaron las revueltas sociales de 2018, que resultaron en más de 300 víctimas mortales. Estas acciones se enmarcan en una estrategia de represión que ha incluido la cancelación de la personalidad jurídica de los jesuitas en 2023 y la confiscación de sus bienes, en lo que se percibe como un esfuerzo por sofocar la influencia de la Iglesia católica en el país.
Ortega da concesiones mineras a China en Nicaragua
Paralelamente, y en un movimiento que parece contrastar con la restricción interna, el gobierno nicaragüense otorgó una nueva concesión minera a la empresa china Xinjiang Xinxin Mining Industry Company Limited. Esta concesión, que abarca 1.490 hectáreas en el municipio de La Libertad y Santo Domingo, tiene una duración de 25 años y permitirá la explotación de minerales metálicos y no metálicos. Este es el quinto permiso de este tipo concedido a la empresa, sumando un total de más de 43.000 hectáreas de explotación minera en Nicaragua.
Esta decisión se da en el contexto de las nuevas relaciones comerciales entre Nicaragua y China, iniciadas en 2021 tras la ruptura de relaciones con Taiwán. El acuerdo incluye un Tratado de Libre Comercio firmado a inicios de este año, y la empresa china está obligada a pagar un 3% en regalías sobre los minerales extraídos. Otras compañías chinas, Zhong Fu Development y Thomas Metal, también han recibido concesiones mineras, lo que refleja un creciente interés económico de China en Nicaragua.
La ONU-DH ha alertado anteriormente sobre el deterioro significativo de los derechos humanos en el país, con un incremento en detenciones arbitrarias y ataques contra opositores y pueblos indígenas, lo que coloca bajo el escrutinio internacional las políticas represivas y económicas del régimen de Ortega.
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