La funcionaria Indira Urbaneja tildó de “show” y “carnaval” las exigencias de justicia por la muerte bajo custodia del preso político Víctor Hugo Quero Navas.
Indira Urbaneja, vocera del Programa por la Convivencia Democrática, generó una fuerte polémica tras sus recientes declaraciones sobre el caso de Víctor Hugo Quero Navas.
La funcionaria del gobierno interino de Delcy Rodríguez calificó como un “carnaval” las constantes exigencias de justicia por la muerte del preso político.
Urbaneja utilizó sus plataformas digitales este lunes 11 de mayo para cuestionar duramente a quienes visibilizan la desaparición forzada de la víctima. Durante su intervención, la dirigente tildó de “hipócritas” a los ciudadanos y líderes que acompañan el dolor de Carmen Teresa Navas, madre del fallecido.
Urbaneja admitió que desconoce los detalles profundos sobre el proceso del trabajador informal, pero rechazó participar en lo que denomina una explotación política.
Sus palabras surgen tras recibir múltiples peticiones de pronunciamiento durante la celebración del Día de las Madres.
La representante oficialista mantiene una postura crítica frente a la presión internacional y los reportes de medios locales sobre este suceso.
El polémico “carnaval” comunicacional y la responsabilidad del Estado
La integrante del programa gubernamental desestimó la necesidad de realizar una investigación independiente sobre el fallecimiento de Quero Navas bajo custodia oficial.
Según su versión, basada en supuestos testimonios de compañeros de celda, el ciudadano padecía una enfermedad gástrica que se complicó repentinamente.
Urbaneja utilizó este argumento para sentenciar que el Estado carece de responsabilidad directa en el trágico desenlace del detenido. Además, calificó como “showceros” a los sectores que exigen transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones penitenciarias actuales.
La funcionaria aseguró que no se prestará para alimentar campañas que, a su juicio, buscan rédito político mediante el sufrimiento ajeno.
Estas declaraciones cierran la puerta a una revisión externa de los protocolos aplicados durante la detención del trabajador.
El caso continúa generando reacciones en diversas organizaciones que defienden los derechos fundamentales y exigen claridad sobre la salud de los privados de libertad.
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