El ex fiscal y abogado en el exilio, Zair Mundaray informa a través de su cuenta personal en la red social X que jueces de un estado del país afirman que desde la presidencia del Circuito Judicial, fijan una cuota mensual en dólares que debe entregarse para mantenerse en el cargo.
“Los familiares de los presos (técnicamente están secuestrados) deben pagar para la revisión de medidas. No hay límites en el modelo del Estado mafioso instaurado por Maduro y sus criminales”, escribe el abogado Zair Mundaray.
La corrupción en el sistema judicial venezolano es de conocimiento publico y se ha documentando en una serie de denuncias en la Corte Penal Internacional y en trabajos de investigación de ONG venezolanas. Sin embargo, la puesta en evidencia por parte del ex funcionario, enciende las alarmas en cuanto a la depauperación continua y aún más profunda del Sistema Judicial venezolano.
Jueces que no son designados por concurso sino a dedo de manera provisional, solo ven la posibilidad del mantenimiento de su cargo, complaciendo a quienes lo colocan en los mismos. Esto genera una espiral de corrupción indetenible, en el marco de la lógica mafiosa, tal como denuncia el ex fiscal.
Reforma judicial desde 2021 ante la denuncia de Zair Mudaray sobre jueces
En junio de 2021 se instaló la Comisión Especial para la Reforma del Sistema Judicial que preside, por instrucciones del presidente de la República Nicolás Maduro Moros, el diputado Diosdado Cabello Rondón.
El parlamentario en u momento indica que esta Comisión Nacional se ha facultado para actuar en todo el Sistema Judicial, con el propósito de convertirlo en referencia nacional e internacional. Esta funciona inicialmente en la sede de la Asamblea Nacional (AN), desde donde se supervisa el trabajo de los seis estados mayores regionales y los 24 equipos estadales que se abocarán a resolver, en principio, el problema del hacinamiento y confinamiento en los centros de reclusión preventiva que funcionan en el país.
Sin embargo, hasta ahora, la ineficiencia se describe sola, y la solución es la privatización de los servicios judiciales.
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