Tres mujeres presas murieron durante septiembre en penales de Venezuela. El Observatorio Venezolano de Prisiones exige investigar la negligencia médica.
Tres mujeres privadas de libertad fallecieron bajo la custodia de las autoridades venezolanas durante septiembre. Los decesos ocurrieron en centros que albergan a más de 800 reclusas.
El primer caso registrado fue el de Carmen Rodríguez, de 66 años. La adulta mayor murió el 19 de septiembre en el anexo de Tocuyito tras sufrir un infarto.
Luego, el 24 de septiembre, falleció Tomasa Sánchez, de 72 años, en el penal de Occidente I. La causa reportada de este deceso fue un paro cardiorrespiratorio.
Finalmente, el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció el fallecimiento de Eleiner Sánchez en el centro La Crisálida.
Muertes de mujeres privadas de libertad evidencia fallas en la salud penitenciaria
El caso de Eleiner Sánchez revela patrones severos de desatención médica. La reclusa solicitó repetidamente su traslado a un centro hospitalario. Sin embargo, los custodios ignoraron sus peticiones hasta que su condición empeoró drásticamente.
Las tres tragedias devuelven la atención pública hacia la realidad de más de 2.300 presas. Todas ellas dependen por completo del Estado venezolano para preservar la vida.
Las autoridades penitenciarias deben velar por el bienestar físico de las internas.
Sin embargo, la falta de respuesta oportuna convierte las enfermedades en desenlaces fatales. La custodia estatal exige un control estricto sobre cada emergencia médica.
Violación del marco constitucional
El texto de la Constitución venezolana resguarda claramente los derechos fundamentales de la población carcelaria. El artículo 43 señala la obligación estatal de proteger la vida de los detenidos.
Asimismo, el artículo 83 consagra la salud como un derecho social inalienable. Además, el artículo 272 ordena garantizar condiciones dignas a toda la población reclusa.
A pesar de estas leyes, las instituciones públicas muestran un desinterés evidente.
Tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo incumplen sus funciones de supervisión.
La omisión institucional agrava el riesgo constante para miles de personas vulnerables. La ley no debe quedar reducida a simple papel sin aplicación real.
Exigencia de investigaciones inmediatas
El Observatorio Venezolano de Prisiones exige una investigación imparcial sobre cada deceso registrado. La organización pide auditar los historiales médicos de las tres víctimas fallecidas.
Asimismo, demanda determinar si existió negligencia directa por parte de las autoridades a cargo. El Ministerio del Servicio Penitenciario debe garantizar atención médica constante a todas las reclusas. Los calabozos policiales y centros carcelarios requieren insumos de salud urgentes.
Estar privada de libertad no anula la dignidad ni los derechos básicos. La falta de respuesta médica transforma las penas de prisión en sentencias de muerte implícitas. El Estado venezolano debe asumir sus obligaciones constitucionales sin más demoras.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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