El exconcejal José Manuel García Sabino falleció en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco tras denunciar actos de corrupción. Autoridades investigan el suceso mientras sectores políticos exigen justicia.
La opinión pública venezolana despertó conmocionada tras confirmarse el fallecimiento de José Manuel García Sabino dentro de los calabozos policiales de Anaco.
El exconcejal del Partido Socialista Unido de Venezuela permanecía detenido desde febrero tras señalar públicamente presuntas irregularidades administrativas cometidas por el actual alcalde Jesús Ríos.
Según reportes oficiales, el hallazgo del cuerpo ocurrió la noche del sábado dentro de la sede de la Policía Municipal en el estado Anzoátegui. Fuentes locales indican que García Sabino enfrentaba cargos por estafa agravada, un expediente que diversos actores políticos califican como un montaje judicial retaliativo.
El exfuncionario de treinta y un años denunció previamente la venta ilegal de chatarra y otros actos de corrupción que involucraban a figuras del poder municipal.
El exfiscal Zair Mundaray calificó el suceso como un crimen de Estado mediante sus redes sociales institucionales. Actualmente, una comisión técnica del CICPC realiza las experticias pertinentes para determinar las causas reales detrás de este lamentable suceso carcelario.
Investigación sobre la corrupción y DDHH en Anaco
El cuerpo del exdirigente apareció suspendido del cuello en el área de los baños del mencionado recinto de detención preventiva regional.
Ante este escenario, los funcionarios del Senamecf trasladaron los restos hasta la ciudad de Barcelona para practicar la autopsia de ley obligatoria. La Plataforma Unitaria Democrática de la localidad exige transparencia absoluta en las investigaciones para descartar la participación de terceros en el hecho.
Voceros de la oposición manifestaron su profunda preocupación por la integridad física de quienes denuncian tramas de corrupción dentro del sistema público venezolano.
Dirigentes como William Ross y Teo Valiente recordaron que el Estado debe garantizar la vida de cualquier ciudadano bajo su custodia legal. Por ello, instan a los organismos competentes a publicar los resultados forenses sin dilaciones que empañen la verdad del caso ocurrido.
La comunidad anzoatiguense espera respuestas claras sobre las circunstancias que rodearon la muerte del joven político encarcelado por desafiar al poder local.
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