La exjueza María Lourdes Afiuni requiere atención médica urgente tras el hallazgo de tres tumores, mientras mantiene medidas cautelares en su contra.
La exjueza venezolana María Lourdes Afiuni atraviesa un cuadro clínico muy delicado tras sufrir una emergencia en su residencia.
Sus familiares gestionaron el traslado inmediato hacia un centro asistencial para realizarle múltiples evaluaciones de laboratorio e imágenes.
Su hermano Nelson Afiuni confirmó públicamente que los especialistas detectaron tres masas tumorales en distintas partes de su cuerpo. Los médicos determinaron que la paciente requiere un tratamiento prioritario e intensivo para frenar el avance de la afección.
Esta contingencia médica ocurre en medio de un proceso judicial que acumula más de dieciséis años sin resolución definitiva. La jurista sufrió severas secuelas físicas durante su permanencia en la cárcel del INOF y durante el arresto domiciliario.
El caso comenzó en diciembre de 2009 cuando Afiuni liberó a un empresario acatando recomendaciones formales de las Naciones Unidas. Desde ese momento, los organismos internacionales han denunciado constantes violaciones al debido proceso y a la integridad personal.
Hoy sus allegados solicitan apoyo urgente para resguardar la salud y la vida de la exjueza en suelo nacional.
La comunidad jurídica sigue con enorme preocupación cada nuevo reporte sobre la salud de Afiuni en Caracas.
Complicaciones judiciales agravan la situación médica de la exjueza Afiuni
El Tribunal 17° de Juicio de Caracas condenó a la exmagistrada a cinco años de prisión por corrupción propia en 2019. Aunque la condena venció plenamente en el ámbito cronológico, el Poder Judicial rehúsa emitir la boleta de excarcelación correspondiente.
Las autoridades tampoco han declarado la extinción formal de la responsabilidad penal, manteniendo un limbo jurídico injustificado sobre la abogada. Debido a esta omisión, Afiuni padece prohibición estricta de salida del país, impidiendo su traslado a clínicas del exterior.
La justicia mantiene además una censura rigurosa que le prohíbe ofrecer declaraciones públicas o hablar con medios de comunicación. La exjueza también cumple la obligación de presentarse periódicamente ante las dependencias del tribunal sin justificación legal vigente.
Recientemente, representantes de los derechos humanos alertaron que las autoridades solicitaron un examen psicológico para prolongar estas medidas restrictivas. Diversos sectores de la sociedad civil califican esta acción como una maniobra dilatoria frente al evidente deterioro físico de la abogada.
La defensa exige la libertad plena para garantizar un tratamiento médico adecuado que preserve la vida de María Lourdes Afiuni. La sociedad civil se mantiene atenta al desarrollo de este delicado caso humanitario en la capital venezolana.
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