El ex fiscal Zair Mundaray, hoy en el exilio, afirma en su cuenta en la red social X que “Keiberth Cirelli y Miguel Dos Santos, los dos funcionarios del SEBIN condenados por el asesinato del Concejal Fernando Albán, están en libertad por órdenes de un tribunal de ejecución. Siempre estuvieron en las oficinas del SEBIN en El Helicoide, no pisaron un calabozo.”
En este sentido confirma que:
“El régimen mintió a la ONU al informar que habían sido condenados a 5 años y 10 meses. Ocultaron que en febrero de 2022, la Corte de Apelaciones redujo la condena a 2 años y 8 meses, por eso la libertad. El fiscal no atribuyó las torturas, ni la detención ilegal para favorecerlos”
Caso Fernando Albán
El concejal del municipio Libertador (Caracas), Fernando Albán, miembro del partido de oposición Primero Justicia (PJ), murió en octubre de 201. Estaba detenido en una instalación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Esta trágica muerte lo convierte en otro ejemplo más de los políticos venezolanos que han sido apresados de manera arbitraria y que han fallecido bajo la custodia del Estado.
Aunque Albán estuvo menos de tres días en manos del Sebin, las denuncias sobre su detención ilegal, violaciones del debido proceso y la falta de garantías y derechos, incluido el derecho a la vida, fueron confirmadas por sus familiares y su equipo de abogados.
En enero de 2019, la exfiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar la muerte de Albán. Entonces, aseguró que «fue un asesinato» y denunció la existencia de «contradicciones» en los relatos que ofrecieron posteriormente portavoces del Gobierno y varios ministros.
El caso del concejal se encuentra detallado en un informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU.
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