La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exige al Estado información oficial sobre Víctor Quero Navas tras meses de silencio institucional y desaparición forzada en El Rodeo I.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este domingo la alarmante falta de información oficial sobre el paradero del detenido Víctor Hugo Quero Navas.
El sistema penitenciario venezolano mantiene un silencio absoluto que impide conocer la ubicación exacta y el estado de salud del ciudadano. Carmen Navas, madre del afectado con ochenta y dos años de edad, recorre instituciones públicas sin recibir respuestas verificables desde hace meses.
La última confirmación sobre su situación data de agosto de 2025, cuando Quero Navas permanecía recluido en el Internado Judicial de El Rodeo I.
En aquel momento, los reportes indicaban que el preso político presentaba un delicado cuadro clínico que requería atención inmediata.
JEP califica este escenario como un patrón sistemático de desaparición forzada que afecta a decenas de familias en todo el territorio nacional. La falta de transparencia institucional vulnera los derechos humanos fundamentales y genera un impacto emocional devastador en el entorno familiar del detenido.
Actualmente, al menos ochenta hogares venezolanos atraviesan circunstancias similares de incertidumbre total sobre la integridad física de sus parientes bajo custodia del Estado.
El silencio oficial y la crisis de los presos políticos en Venezuela
La exigencia de información clara sobre el paradero de Víctor Quero Navas también coincide con el aniversario de otras graves violaciones a los derechos fundamentales.
La ONG Provea también recordó que se cumplen once años de la presunta desaparición forzada del dirigente social Alcedo Mora tras denunciar corrupción en Pdvsa.
Estos casos evidencian una política de persecución que utiliza el ocultamiento de personas como herramienta de control y castigo político.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) solicita formalmente la intervención de mecanismos internacionales para supervisar las condiciones de detención en los centros penitenciarios del estado Miranda.
La madre de Quero Navas ha visitado incluso la Asamblea Nacional buscando justicia, pero solo encuentra una revictimización constante por parte de los funcionarios.
El Estado debe detallar de manera urgente si el ciudadano se encuentra bajo custodia y bajo qué términos legales procede su caso. La impunidad no puede prevalecer ante denuncias de tortura o maltrato físico dentro de las instalaciones carcelarias del país.
Organizaciones civiles mantienen la presión sobre el Ministerio Público para que asuma su responsabilidad constitucional de investigar estos hechos con transparencia.
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