La Justicia Argentina ha emitido una orden de captura internacional contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios venezolanos, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad. La decisión, adoptada por los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires, se basa en una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) en enero de 2023, apelando al principio de jurisdicción universal.
La organización FADD, compuesta por políticos, académicos y defensores de derechos humanos, ha calificado esta medida como un “paso crucial en la lucha contra la impunidad”. El abogado Tomás Farini Duggan, representante legal del FADD, destacó la importancia de las denuncias de víctimas venezolanas, testigos de persecuciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas bajo el régimen chavista.
El compromiso argentino con la justicia para Venezuela se vio reforzado por declaraciones de Waldo Wolff, presidente del FADD y ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, quien expresó su solidaridad continua con los venezolanos en su búsqueda de justicia y reparación. Elisa Trotta, secretaria general del FADD, subrayó que esta orden convierte a Maduro en un prófugo, reduciendo el espacio para la impunidad de tales crímenes.
Investigación de CPI contra Maduro
Esta acción judicial se da en el contexto de una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde al menos 2014, enviando un mensaje claro al fiscal Karim Khan para que avance con las órdenes de captura internacional.
Los testimonios de víctimas, como Rigoberto Lobo y Víctor Navarro, un ex prisionero del centro de torturas El Helicoide, han sido fundamentales para ilustrar la represión en Venezuela. Navarro menciona la importancia de esta decisión para la liberación de presos políticos y el cierre de centros de tortura.
El contexto internacional se refuerza con la denuncia de la ONU sobre la “brutal represión” post-electorales de julio en Venezuela, calificando las acciones del régimen como un delito de lesa humanidad de “persecución por motivaciones políticas”, contabilizando más de 2.000 detenidos, entre ellos niños y adolescentes, varios de los cuales han sufrido torturas y violencia sexual.
Esta resolución marca un hito en la lucha por la justicia y la memoria en América Latina, resonando con el arresto de Augusto Pinochet en 1998, basado en el mismo principio de jurisdicción universal. La justicia argentina, al ordenar la detención de figuras tan emblemáticas del régimen venezolano, envía un mensaje claro: la impunidad tiene límites y la justicia puede cruzar fronteras.
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