Jubilados larenses transforman la Plaza Altagracia todos los miércoles en una trinchera de resistencia. Exigen salarios de 500 dólares para frenar su precaria situación.
Cada miércoles, la Plaza Altagracia de Barquisimeto se transforma en la denominada “Trinchera de los Sueños” para cientos de adultos mayores. En este espacio público, los jubilados de la administración pública larense resisten contra la precariedad de sus ingresos mensuales actuales.
Profesionales de la salud, educación y seguridad denuncian una política de “muerte lenta” ejecutada por el Estado venezolano.
Edwin Lobatón, vocero del Comité por los Derechos Humanos de los Pensionados, califica el pago de 130 bolívares como un insulto. El dirigente cuestiona la falta de empatía de los gobernantes hacia quienes entregaron su vida al desarrollo del país.
Entre los manifestantes figuran ingenieros, arquitectos y obreros que suman miles de años de conocimiento acumulado en diversas áreas. La realidad aritmética de estos ciudadanos resulta devastadora frente al costo inalcanzable de los medicamentos esenciales para su edad.
Lobatón relató que un tratamiento básico puede costar 5.800 bolívares, cifra que pulveriza por completo su capacidad de pago mensual. Los abuelos también denuncian el maltrato constante de los transportistas, quienes ignoran el pasaje preferencial establecido por la ley vigente.
Exigencias en la Plaza Altagracia contra la precariedad de los ingresos
Los manifestantes invocan el Estatuto de Roma para alertar sobre un posible escenario de “exterminio” planificado por omisión estatal. Desde la Plaza Altagracia, los jubilados exigen un salario justo que tome como referencia inicial la canasta básica nacional.
El sector propone un ingreso de partida de 500 dólares para cubrir las necesidades alimentarias y de salud elementales. También demandan el retorno de la seguridad social integral, incluyendo la entrega efectiva de medicinas a través del Seguro Social.
Otra petición fundamental del gremio es la liberación inmediata de más de 40 dirigentes sociales mayores de 60 años detenidos.
Edwin Lobatón enfatiza que sus reclamos no representan una solicitud de limosnas, sino la exigencia de derechos humanos inalienables. Mientras el Ejecutivo nacional decide escuchar estas demandas, la familia de pensionados mantendrá su reunión semanal en el centro larense.
Ellos consideran que su experiencia acumulada es una luz necesaria para el futuro del país, pese a la crisis actual.
La convicción de estos luchadores sociales permanece intacta frente a las reformas que violan sus beneficios económicos irrenunciables. Su resistencia pacífica simboliza la lucha de una generación que se niega a ser olvidada por las instituciones públicas.
Con información de El Impulso
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