Informe revela las prácticas del fraude electoral en venezuela. “Derechos Humanos en Movimiento”, una coalición de ONG venezolanas, detalló en un informe los métodos de coacción y manipulación utilizados por el régimen de Nicolás Maduro durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Estas prácticas, desplegadas en zonas rurales y empobrecidas, buscaban garantizar votos para el oficialismo mediante amenazas, violencia y control social.
A pesar de estos mecanismos, el candidato opositor Edmundo González Urrutia ganó las elecciones con 7.443.584 votos, superando a Maduro, quien obtuvo 3.385.155 votos.
Sin embargo, el régimen recurrió al fraude electoral para mantenerse en el poder.
Consumando su carácter dictatorial con una juramentación inconstitucional avalada por el Parlamento chavista.
El informe señala que el régimen logró victorias en 169 de las 1.141 parroquias del país, concentradas en zonas rurales y vulnerables, mediante amenazas y uso de la fuerza.
Se utilizaron programas sociales, intimidación laboral y participación de grupos armados para coaccionar a los votantes.
El 28 de julio, testigos reportaron violencia, exclusión de observadores opositores y maniobras para impedir la transparencia del proceso electoral.
En centros de votación urbanos, colectivos armados intimidaron a los votantes y bloquearon el conteo de votos.
A pesar de estas prácticas, el informe confirma que González Urrutia fue el verdadero ganador de las elecciones.
Con pruebas que incluyen las actas publicadas en plataformas independientes.
Respuesta del gobierno
La respuesta del régimen fue intensificar la represión tras los comicios, con 24 muertes violentas registradas en protestas.
Además del despliegue de la “Operación Tun Tun” para allanar viviendas de opositores y realizar detenciones arbitrarias.
La coalición “Derechos Humanos en Movimiento” advierte que estos métodos de coacción evidencian la incapacidad del régimen de Maduro para obtener apoyo popular sin recurrir al fraude y la violencia.
El informe refuerza el llamado de la oposición y organizaciones internacionales a investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y garantizar condiciones justas y libres en futuros procesos electorales.
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