Raúl Gorrín

Gran jurado acusa a Raúl Gorrín de lavado de dinero vinculado con Pdvsa

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Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida ha presentado una acusación formal contra Raúl Gorrín Belisario, propietario de Globovisión, por su presunto papel en una red de lavado de dinero que involucra 1.200 millones de dólares. Este escándalo, que se desarrolló entre 2014 y 2018, implicó el uso de fondos corruptamente obtenidos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) para pagos de sobornos a funcionarios venezolanos.

Los documentos judiciales revelan que Gorrín, de 56 años, conspiró con otros para lavar las ganancias de este esquema corrupto. Esto sucedió a través del sistema financiero estadounidense y cuentas bancarias en el extranjero. Con estos fondos, Gorrín y sus cómplices adquirieron bienes raíces, yates y otros lujos en Florida, utilizando empresas fantasma para encubrir el movimiento de dinero sucio.

Gorrín lava dinero y hace compras de lujos en EE.UU.

La Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri subrayó la severidad de los hechos, declarando: “Gorrín y sus cómplices pagaron millones en sobornos a funcionarios de alto rango para obtener ganancias ilícitas, que luego usaron para comprar lujos en Estados Unidos”. Este caso no solo expone la explotación del sistema financiero estadounidense, sino también cómo la corrupción a nivel internacional puede afectar la economía global.

Markenzy Lapointe, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, enfatizó el compromiso de su oficina para combatir tales actividades. Aseguró que seguirán trabajando con la Organización Conjunta para Desmantelar las Redes de Tráfico de Drogas (OCDETF) para desarticular estas operaciones criminales.

Katrina W. Berger, de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), destacó la importancia de este caso en la lucha global contra el crimen organizado y la corrupción, resaltando la colaboración internacional que ha sido crucial en estas investigaciones.

Hasta 20 años de prisión

Gorrín enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, con una pena potencial de hasta 20 años de prisión. Actualmente, sigue prófugo, añadiendo otra dimensión a su huída de la justicia en un caso separado.

La investigación ha contado con la colaboración de múltiples agencias y países, reflejando un esfuerzo coordinado para hacer cumplir la ley y confiscar activos ilícitamente adquiridos.

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