
La FMV exige liberar a los doctores Espinoza y Villegas, denunciando la criminalización del gremio y la falta de insumos en hospitales venezolanos.
La Federación Médica Venezolana alzó su voz durante el Día del Médico para exigir la libertad inmediata de los doctores Tony Espinoza y Alberto Villegas.
Douglas León Natera, presidente del gremio, denunció que estos profesionales en el estado Guárico sufren una detención arbitraria carente de sustento legal alguno.
El dirigente gremial destacó que el doctor Espinoza posee una boleta de excarcelación emitida por un tribunal, la cual las autoridades ignoran de forma sistemática. Esta situación refleja un patrón de hostigamiento que busca silenciar a quienes exigen condiciones dignas para atender a los pacientes.
El sector salud rechaza contundentemente que la precariedad hospitalaria se convierta en una excusa para perseguir a los médicos que denuncian la crisis sanitaria nacional.
La federación mantiene su compromiso firme de acompañar a los familiares en esta lucha por el respeto a los derechos humanos y la justicia elemental.
Urgencia por la libertad inmediata y reformas legales
La exigencia de libertad inmediata coincide con una crítica profunda hacia las normativas que vulneran la autonomía profesional en todo el territorio nacional venezolano.
León Natera solicitó formalmente la derogación de la Ley del Ejercicio de la Medicina, pues considera que su reforma fomenta una formación ilegal y deficiente.
El gremio también cuestiona la vigente Ley de Tránsito Terrestre debido a la emisión de certificados médicos sin los estándares técnicos requeridos actualmente.
Estas leyes facilitan sanciones injustificadas y comprometen la seguridad vial al extender la vigencia de documentos sin evaluaciones periódicas realizadas por expertos.
La federación advierte que la incorporación de figuras militares y comunitarias desvirtúa la excelencia académica que históricamente caracterizó a la medicina en el país.
Los profesionales exigen insumos, equipos y medicamentos para salvar vidas, en lugar de enfrentar procesos penales que buscan criminalizar su labor social fundamental.
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