Tras la muerte de cinco internos en el motín de Yare III, el fiscal Larry Devoe pactó un plan de trabajo con la Cruz Roja Internacional para reforzar la protección de derechos humanos en las cárceles.
El fiscal general, Larry Devoe, anunció una colaboración estrecha con el Comité Internacional de la Cruz Roja para intervenir el sistema penitenciario. Esta decisión surge tras el violento motín en la cárcel Yare III, donde cinco internos perdieron la vida bajo custodia estatal el pasado martes.
Devoe mantuvo un encuentro clave con Valérie Aubert, jefa de la delegación del organismo internacional, para diseñar una hoja de ruta inmediata. El plan busca fortalecer las capacidades operativas del Ministerio Público y garantizar el respeto absoluto a los derechos humanos de la población reclusa.
Además, el fiscal extendió una invitación formal al organismo para integrar sus conocimientos técnicos en la reforma de la justicia penal venezolana. Esta iniciativa de consulta nacional responde a las directrices de la presidencia encargada para modernizar los procesos legales y la seguridad interna.
La reunión en Caracas marca un hito en la supervisión de recintos de máxima seguridad donde ocurren incidentes críticos.
Acción de la Cruz Roja ante la crisis en Yare III
Las autoridades identificaron a los fallecidos como Keivin Matamoros, Eliecer Córdaba, Erkin Ramos, José Andrade y Jean Carlos Jiménez tras la riña.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó que el conflicto escaló rápidamente hasta convertirse en un motín incontrolable dentro del penal.
Ante este escenario, la participación de la Cruz Roja resulta fundamental para auditar las condiciones de encierro y los protocolos de seguridad.
El Observatorio Venezolano de Prisiones ya había alertado sobre irregularidades graves y la suspensión arbitraria de visitas familiares antes del suceso. Por ello, el Ministerio Público inició una investigación exhaustiva para castigar a los responsables y determinar las causas exactas de la violencia.
La integración de estándares internacionales pretende evitar nuevas tragedias en centros destinados a líderes de bandas criminales y presos de alta peligrosidad. Este acuerdo representa un paso urgente hacia la transparencia administrativa y la pacificación real de las cárceles más conflictivas del país.
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