Familiares de presas políticas protestaron ante el Ministerio de la Mujer en Caracas para exigir una investigación exhaustiva sobre denuncias de violencia sexual y precarias condiciones de reclusión.
Familiares de presas políticas e integrantes de la Alianza de Mujeres Políticas protestaron este viernes ante el Ministerio de la Mujer en Caracas. El grupo denunció graves violaciones a los derechos humanos de las detenidas y exigió acciones inmediatas a las autoridades del régimen venezolano.
Durante la jornada, la viceministra para la Igualdad de Género y la No Discriminación, Nancy Ortuño Rojas, recibió a una comisión de cinco familiares.
Estos voceros entregaron un documento formal dirigido a la ministra Yelitze Santaella para solicitar un pronunciamiento oficial sobre los casos de violencia sexual.
La manifestación visibiliza la alarmante situación de las ciudadanas privadas de libertad por motivos ideológicos en distintos centros de detención del país.
Los ciudadanos demandan justicia frente a una realidad que vulnera los tratados internacionales y las leyes nacionales de protección femenina. Las organizaciones civiles respaldan plenamente este reclamo legítimo y urgente en la capital.
Los manifestantes también alertaron sobre las precarias condiciones de reclusión que sufren las mujeres en los calabozos policiales y los recintos penitenciarios venezolanos.
Las internas enfrentan severas dificultades para acceder a productos de higiene menstrual esenciales para su salud. Asimismo, las autoridades restringen el agua potable para el aseo personal y el lavado de la ropa de las reclusas.
Investigación urgente sobre la violencia sexual contra presas políticas
Evelyn Pinto, representante de la Alianza de Mujeres Políticas, pidió a la ministra liderar gestiones ante los organismos competentes del Estado.
La activista solicitó una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre los abusos cometidos contra las mujeres en los centros penitenciarios.
Las organizaciones ejecutoras de la protesta exigen mecanismos efectivos de supervisión institucional y garantías reales para la protección de la integridad física de las internas.
Esta movilización forma parte de una agenda permanente de los defensores de derechos humanos en Venezuela. Los familiares mantendrán la presión pública hasta lograr respuestas concretas y el cese de los malos tratos en los centros de reclusión.
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