Familiares de los más de 900 presos políticos que permanecen en cárceles venezolanas, junto a activistas de derechos humanos, protestaron este viernes frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en Caracas.
Exigieron la liberación inmediata de estas personas, encarceladas, la manifestación buscó visibilizar la crisis humanitaria que enfrentan los detenidos, muchos de ellos sin acceso a juicios justos.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) lideró la jornada, un mes después de su iniciativa «Ruta por la Libertad y la Justicia». Este grupo demandó condiciones dignas de reclusión y respeto al debido proceso, derechos pisoteados sistemáticamente.
Sairam Rivas, vocera de Clippve y pareja del exconcejal Jesús Armas, preso en el Helicoide, encabezó las declaraciones. Criticó la hipocresía del gobierno, que reclama garantías para migrantes en El Salvador, pero ignora las torturas y el aislamiento que sufren los presos en Venezuela.
Sin justicia ni respuestas
Rivas denunció que los detenidos desconocen quiénes son sus defensores públicos y enfrentan audiencias en sus propios centros de reclusión. «Los torturan, y ni siquiera saben de qué los acusan», afirmó.
La organización no gubernamental Provea, respaldó estas afirmaciones, destacando que las violaciones al debido proceso persisten sin freno. La falta de transparencia agrava la situación de los presos políticos, quienes viven en condiciones inhumanas.
Hace un mes, familiares y amigos recorrieron instituciones en la «Ruta por la Libertad y la Justicia» para exigir excarcelaciones y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno no responde.
Provea subrayó que las demandas caen en oídos sordos, mientras la represión estatal sigue dañando a cientos. La protesta frente al Pnud buscó apoyo internacional para frenar el aislamiento y lograr la libertad de los presos políticos.
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