Ángel Aristimuño solicita a la Defensoría del Pueblo aplicar la Ley de Amnistía para liberar a 30 presos políticos en el estado Monagas.
El dirigente y ex detenido por motivos de conciencia, Ángel Aristimuño, acudió este jueves a la sede de la Defensoría del Pueblo en Maturín. Durante su visita, el activista entregó un documento formal que exige la aplicación efectiva de la Ley de Amnistía en la región oriental.
Aristimuño denunció que al menos 30 ciudadanos monaguenses permanecen tras las rejas injustamente y no han recibido los beneficios legales correspondientes hasta la fecha.
El defensor de los derechos humanos resaltó la urgencia de instalar una mesa técnica para evaluar detalladamente cada expediente judicial pendiente. Según sus declaraciones, la reconciliación nacional requiere pasos firmes y la liberación total de quienes sufren el calvario de la prisión política.
Las familias de los detenidos esperan con fe noticias positivas sobre las excarcelaciones en los próximos días, según manifestó el dirigente opositor. La solicitud busca dar prioridad a casos que presentan retrasos procesales injustificados y que violan las garantías fundamentales establecidas en la constitución nacional.
Aristimuño confía en que la presión institucional logre abrir las puertas de las celdas para estos ciudadanos que hoy siguen privados de su libertad.
La propuesta entregada ante el organismo defensorial incluye la creación de una comisión especial para el seguimiento exhaustivo de cada causa penal. Aristimuño enfatizó que el sistema de justicia en Monagas necesita una transformación profunda para garantizar la transparencia y la equidad en los juicios.
Además de los casos políticos, el dirigente solicitó revisar los expedientes de otros privados de libertad que padecen un severo retraso procesal. Esta brecha en el sistema judicial afecta la dignidad humana y prolonga el sufrimiento de cientos de familias en toda la entidad.
El activista recordó que la paz social depende del respeto absoluto a las leyes y de la voluntad política para corregir injusticias. Los parientes de los reclusos mantienen una vigilia constante mientras esperan que las autoridades nacionales cumplan con las promesas de pacificación del país.
La celeridad en estos procesos representa un acto de justicia básica para evitar que el castigo se convierta en una condena sin sentencia firme. La comunidad internacional observa con atención el cumplimiento de estos acuerdos que buscan normalizar la situación institucional en las regiones venezolanas.
Aplicación de la Ley de Amnistía y reforma judicial en Monagas
La correcta implementación de la Ley de Amnistía constituye el eje central de las demandas presentadas por el liderazgo social en la capital monaguense. Ángel Aristimuño insistió en que las autoridades deben actuar con prontitud para resolver la situación de los 30 detenidos que aún esperan su boleta de excarcelación.
El documento consignado resalta que muchos de estos ciudadanos enfrentan condiciones de reclusión precarias que deterioran su salud física y emocional diariamente. La mesa técnica propuesta funcionaría como un espacio de diálogo técnico entre abogados, familiares y funcionarios del Poder Ciudadano en el estado.
Este mecanismo permitiría depurar las causas y agilizar los trámites administrativos que actualmente bloquean las libertades otorgadas por el marco legal vigente. Aristimuño subrayó que la justicia no puede ser tratada como una herramienta de persecución en un estado que busca la estabilidad democrática.
La revisión de los expedientes por razones no políticas también figura como una prioridad para descongestionar los centros de detención preventiva regionales. La celeridad procesal es un derecho inalienable que el Estado debe garantizar a todo ciudadano sin importar su filiación o ideología partidista.
Nota de Prensa
Danos tu opinión sobre el tema en nuestro foro de DEBATES de Telegram:
También puedes leer en Punto de Corte:
Por
Por
Por
Por
