Provea denuncia agresión de la PNB contra el fotógrafo Sergio González durante una protesta de trabajadores en el centro de Caracas.
La organización defensora de derechos humanos Provea denunció el día de hoy jueves 9 de abril una nueva agresión de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana contra el fotógrafo Sergio González.
El reportero gráfico sufrió el impacto de un escudo policial mientras realizaba la cobertura periodística de una movilización de trabajadores en el centro de Caracas.
Este incidente violento ocurrió específicamente a la altura de la Plaza El Venezolano durante el despliegue de un fuerte cordón de seguridad. Los efectivos policiales bloquearon el acceso de la marcha para evitar que la protesta alcanzara las cercanías del Palacio de Miraflores.
Según testigos directos, la fuerza pública actuó con brusquedad contra los profesionales de la comunicación que documentaban los reclamos laborales de los manifestantes.
La agresión física representa un ataque directo contra quienes registran la realidad social del país bajo condiciones de alta vulnerabilidad. El uso excesivo de los equipos antimotines contra civiles desarmados evidencia una falta de protocolos adecuados para el manejo de manifestaciones públicas masivas.
Restricciones de la PNB afectan la libertad de expresión en Caracas
Este suceso ocurre en un contexto donde las autoridades venezolanas pregonan un supuesto cambio positivo en la dinámica política de la nación caribeña.
Provea cuestionó la vigencia de prácticas represivas que limitan el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y la libre expresión de las ideas. El gremio de trabajadores intentaba avanzar pacíficamente por las calles del casco histórico cuando los funcionarios cerraron el paso de forma imprevista.
La organización defensora de los derechos humanos resaltó que estas acciones contradicen el discurso oficial sobre la normalización institucional del país.
Resulta alarmante que los cuerpos de seguridad utilicen la violencia para silenciar el registro visual de las demandas sociales legítimas de la población venezolana.
El impedimento de libre tránsito y el ataque a la integridad física de los reporteros socava los pilares fundamentales de la democracia. Los activistas exigen una investigación inmediata sobre la conducta del efectivo responsable para garantizar que estos actos de intimidación no queden impunes.
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