La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es taxativa: el derecho al honor, a la reputación y a la presunción de inocencia (Artículos 49 y 60) no son concesiones opcionales, sino pilares fundamentales del Estado de derecho. Nadie puede ser considerado culpable hasta que un tribunal legítimo, mediante pruebas irrefutables y garantizando el debido proceso (incluida la legítima defensa), determine su responsabilidad.
La difusión en redes sociales de una acusación —carente de sustento probatorio o sustanciación judicial— no parece constituir un acto que busque justicia, parece más bien una oportunidad para linchar (sin una sola prueba de culpabilidad alguna) a una persona que se presume inocente, hasta que se pruebe lo contrario.
En toda acusación, por cualquier presunto delito, la carga de la prueba recae inequívocamente sobre la parte acusadora. Pretender destruir la moral, difamar y condenar públicamente a un ciudadano basándose únicamente en el testimonio individual y en el furor de las redes, desvirtúa los principios elementales del derecho universal.
Esta práctica de construir veredictos sumarios
Esta práctica de construir veredictos sumarios a partir de testimonios o narrativas individuales no es ajena al ecosistema político venezolano. Hemos sido testigos de cómo los “testimonios fantasmas”, los juicios mediáticos y las narrativas manipuladas han sido utilizadas por la dictadura como herramientas para aniquilar moralmente a adversarios, encubrir responsabilidades o purgar sectores opositores incómodos:
Casos como Brazalete Blanco, donde se arman expedientes sumarios a partir de delaciones o relatos opacos sin garantías de defensa real. Supuestos “testigos estrellas” acusaron a opositores de potenciales “magnicidas” y SIN pruebas, apresaron a decenas de personas.
El entramado de PDVSA Crypto, donde las imputaciones se manejan de forma selectiva según el reacomodo de poderes internos. Es decir, se sabe que hubo una gigantesca corrupción, se habla de cerca de 21 mil millones de dólares malversados. Pero, luego de más de 3 años, no hay pruebas contra nadie, juicios ni sentencia, lo cual hace legalmente imposible condenar a los presuntos indiciados.
El opaco manejo de la investigación sobre el presunto asesinato de Carlos Lanz, caracterizado por narrativas contradictorias y giros guionizados antes que por una rigurosa demostración forense y judicial. Sin cadáver, sin arma homicida, sin prueba material alguna que sitúe a la persona en el área del crimen, es tremendamente injusto, falaz y criminal condenar a alguien. Los testimonios y testigos estrellas, pueden ser manipulados por amenazas, coacción o soborno, NO SON prueba suficiente de nada, si no hay elementos materiales probatorios.
Sustituir la administración de justicia por el linchamiento digital
Sustituir la administración de justicia por el linchamiento digital en redes sociales degrada la convivencia social y desmantela la garantía constitucional de la que depende la libertad de todos los ciudadanos. Defender la presunción de inocencia y el debido proceso, es defender la prevalencia de la ley sobre la arbitrariedad de la condena sumaria, ciega y partidizada.
También puedes leer en Punto de Corte:
Danos tu opinión sobre el tema en nuestro foro de DEBATES de Telegram:
Por
Por
Por
