En las profundidades del Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta, de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Caracas, los reclusos enfrentan condiciones infrahumanas. Aquí, en una celda conocida como el Inframundo, los detenidos viven rodeados de heces, orina, hacinados y sin luz natural.
Inframundo: Condiciones Inhumanas
El informe titulado “Inframundo: La Amenaza Oculta en los Calabozos de Zona 7” del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), revelado este miércoles 22 de enero, destaca que alrededor de 90 detenidos se encuentran en esta celda sin ventilación ni baños.
Las condiciones son tan opresivas que el ambiente recuerda al infierno bíblico, ganándose también apodos como la Ultratumba o la Celda del Payaso entre los reclusos y funcionarios.
Crisis Humanitaria en Boleíta
Humberto Prado, director del OVP, señala que la antigua Zona 7, ahora bajo la administración de la PNB, ejemplifica la crisis humanitaria y el colapso del sistema penitenciario en Venezuela.
Este centro, pensado originalmente para uso administrativo, ahora alberga a unos 421 detenidos en celdas diseñadas para estancias cortas, no para la permanencia prolongada. La sobrepoblación y la falta de servicios básicos como atención médica y alimentación adecuada son flagrantes violaciones a estándares internacionales de derechos humanos.
Adolescentes en el Inframundo
Los familiares de los detenidos describen un entorno donde las paredes “sudan” debido a filtraciones y al calor sofocante.
En este espacio, los reclusos, incluyendo a 21 adolescentes detenidos durante las protestas poselectorales de 2024, deben usar bolsas para sus necesidades fisiológicas y turnarse para dormir sobre el suelo.
La corrupción impera, con parientes pagando hasta $2 por una hora de ventilador. La comunicación con los adolescentes se hace a través de recargas de celulares, una práctica que revela la deshumanización y la explotación dentro del centro.
Corrupción y Extorsión
La corrupción es palpable en Boleíta. Los familiares pagan $5 diarios para visitas, y hasta $100 para que los reclusos accedan a ciertas celdas.
La distribución de espacios dentro del centro depende directamente del dinero que los detenidos o sus familias puedan aportar a los funcionarios, desde pernoctas hasta visitas conyugales.
El OVP urge al gobierno venezolano a cerrar este centro de detención, a cesar el uso de prisión preventiva prolongada y a trasladar a los reclusos a instalaciones adecuadas, respetando su salud y derechos.
La situación en Boleíta no solo es un reflejo de la crisis carcelaria venezolana sino también de una profunda corrupción y desprecio por los derechos humanos.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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