El pleno del Congreso de Perú aprobó este pasado miércoles una moción para declarar al Tren de Aragua como organización terrorista. Esta decisión responde a la estructura jerárquica de la banda, sus métodos violentos y sus fines desestabilizadores del orden constitucional en el país. La propuesta, impulsada por la bancada del partido fujimorista Fuerza Popular, recibió 77 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones.
La medida busca fortalecer la lucha contra esta agrupación criminal, que ha causado preocupación en la región. El Congreso también anunció la creación de una comisión especial que, en colaboración con el Ministerio del Interior y otras entidades, desarrollará estrategias para combatir al Tren de Aragua durante los próximos 180 días. Además, se instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a gestionar ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, la designación conjunta del Tren de Aragua como una organización terrorista trasnacional.
Estrategias para combatir al Tren de Aragua
Durante el debate, el congresista Alejandro Muñante consideró la aprobación como un “primer paso” en la lucha contra esta banda. Sin embargo, subrayó la necesidad de reformar la ley para clasificar a estos grupos como terroristas. En contraste, legisladores de izquierda como Alex Flores y Guillermo Bermejo cuestionaron la efectividad de la moción, considerándola simbólica y carente de impacto real en la lucha contra la delincuencia. Flores argumentó que la solución no radica en la declaración, sino en abordar la criminalidad con estrategias políticas adecuadas.
El 10 de febrero, la Policía Nacional del Perú (PNP) declaró que el Tren de Aragua se encuentra “totalmente desarticulado” en el país. Sus líderes principales están bajo custodia en la prisión de máxima seguridad de Challapalca. La presidenta Dina Boluarte también afirmó que la estructura de la banda está “prácticamente desbaratada” gracias a los esfuerzos del Ministerio del Interior y la PNP.
Un contexto regional de inseguridad
El Tren de Aragua, originado en la prisión venezolana de Tocorón, ha extendido su influencia a varios países de la región, incluyendo Colombia, Perú, Bolivia y Chile. Las autoridades acusan a la banda de delitos graves como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios. En octubre, el Gobierno de Boluarte presentó un proyecto de ley para tipificar como “terrorismo urbano” delitos asociados a la criminalidad en respuesta a la creciente ola de inseguridad. Esta problemática también ha resonado en otros contextos, como en Estados Unidos, donde se han clasificado organizaciones criminales similares como terroristas.
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